Disparen contra el bitcoin!

Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Es un lenguaje peligroso para la tecnología y para Internet, que no reconoce fronteras. Pero los reguladores sí reconocen fronteras y les gusta decir que se hace y que no se pueden hacer dentro de esas pequeñas fronteras.

Desde hace un tiempo hay un despertar regulatorio sobre las critptomonedas, fruto del temor del regulador tradicional por el avance del uso de este tipo de medio de pago y, en parte también, por su volátil valuación.

Entre otros, dos de los bancos mas importantes de Estados Unidos, el JPMorgan Chase & Co. y el Bank of America Corp., señalaron que no permitirán que las tarjetas de crédito emitidas se usen para la compra de criptomonedas. Explicaron que no quieren quedar asociados al riesgo del BTC y de otras criptomonedas.

El BCRA argentino en su blog se refirió a los criptoactivos como “una fuente de riesgo financiero sistémico“.

Facebook dijo en enero que no permitiría avisos en su plataforma para operaciones de criptomonedas. Google se sumó en marzo a la prohibición de avisos con un anuncio similar reciente, informando que entrará en vigencia en junio de 2018.

Estados Unidos prohibió expresamente las operaciones con la criptodivisa PETRO (la novel criptomoneda de Venezuela). Venezuela quiso usar este artilugio para saltearse las sanciones de Washington.

Es entendible el temor a todo este mundo nuevo hasta hace poco desconocido, a las ICO, a los exchange de criptomonedas y las e-wallet de ahorristas que ahorran en valores desconocidos para el regulador y a todo este mundo que está fuera del alcance y comprensión de muchos. Las criptomonedas y el blockchain amenazan no tanto al sistema financiero sino al control que el Estado siempre tuvo sobre el. El gobierno puede prohibir comprar dólares, pero no tiene mucho efecto la prohibición de compraventa de criptomonedas.

Pablo A. Palazzi

 

Plataforma de Firma Digital Remota

Con fecha 02.11.2017 se publicó el decreto del PEN 892/17, mediante el cual se creó la llamada “Plataforma de Firma Digital Remota”. Su fundamento es facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites electrónicos, brindándoles una herramienta gratuita de firma digital a distancia. La normativa dispuso que dicha plataforma será administrada exclusivamente por el Ministerio de Modernización y utilizará certificados digitales emitidos por una Autoridad Certificante específica dependiente de dicho Ministerio.

Con fecha 23.02.2018 se publicó la Resolución 13/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, mediante la cual se aprobó la “Política Única de Certificación” correspondiente. En ella se establece, entre otras cuestiones, que “[l]os suscriptores de certificados de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR generan sus claves en la Plataforma de Firma Digital Remota (en adelante, PFDR)” (punto 1.3.3.), y que “la clave privada del solicitante se protegerá con el PIN establecido por este durante el proceso de solicitud […]. Adicionalmente se requerirá al solicitante un segundo factor de autenticación por medio de la introducción del código OTP correspondiente, el cual es conocido únicamente por el solicitante y que se encuentra asociado a la cuenta de usuario que fue previamente autenticada por el Oficial de Registro” (punto 3.2.1).

Se entiende que la utilidad de esta herramienta pasará por el ahorro de importantes costos en la emisión de certificados, y en un mayor acceso a los mismos. Ello, con el fin de dar un impulso a la utilización de la Infraestructura de Firma Digital en la Argentina.

Publicación de la Editorial La Ley

En el día de la fecha, la Editorial La Ley publicó un Suplemento Especial sobre el “Decreto de desburocratización y simplificación: Impacto en el mundo empresarial y en la gestión pública”, en el cual se incluye un artículo de mi autoría intitulado “Análisis de las disposiciones sobre firmas digitales, firmas electrónicas y documentos digitales en el acceso al crédito y la inclusión financiera”.

MORA – Comentario decreto PEN 27/2018

Aciertos y desaciertos en el DNU 27/18

Varios aciertos y un desacierto en lo relativo a firmas digitales, firmas electrónicas, tarjetas de crédito y títulos valores en el decreto 27/18.

por Santiago Mora

Complementando las últimas dos notas publicadas en este blog, expresamos aquí nuestra opinión sobre las novedades normativas derivadas del decreto 27/18 relativas a la firma digital en general y a la firma electrónica en relación a las tarjetas de crédito y a los títulos valores en particular. En concreto, mencionaremos sumariamente lo que consideramos como aciertos de la normativa, así como lo que consideramos que ha sido un desacierto de la misma.

1. Entre los aciertos, mencionamos en primer lugar que el artículo 170 del decreto 27/18 sustituye el inciso k) del artículo 6° de la ley 25.065 de Tarjeta de Crédito, que originariamente establecía que el contrato de emisión de tarjeta de crédito debía tener la firma del titular y del personal apoderado de la empresa emisora, para pasar a aclarar ahora luego de ello que “Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento”.

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Nuevas normas para fintechs argentinas

Siguiendo con la nota publicada la semana pasada  en este blog sobre las novedades normativas del Decreto 27/2018, en esta ocasión vamos a mencionar algunos de los cambios que ha traído esta nueva norma para el uso de la firma digital y electrónica, en particular en lo que hace a su posible aplicación para dar lugar a los pagarés y cheques digitales así como también la posibilidad de celebrar contratos para la solicitud de tarjetas a distancia.

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Decreto Fintech impulsa la inclusión financiera

Hoy se publicó el Decreto No. 27/2018 en el Boletín oficial.  Los artículos 170 a 183 de la citada norma introducen varias novedades sobre la firma digital, el documento electrónico, el pagaré digital, la información que se debe otorgar al consumidor, en soporte informático y el cheque electrónico. Todas estas normas están en el capítulo de “inclusión financiera”. El BCRA publicó el siguiente comunicado en su web:

Medidas para favorecer la inclusión financiera

Buenos Aires, 11 de enero de 2018. En el Boletín Oficial del día de hoy se publicaron los Decretos No 27/2018 y 30/2018, en el marco de un proceso de simplificación del Estado que tiene como objetivos reducir la burocracia e implementar políticas de cumplimiento simples que generen beneficios para la población, eliminando cargas innecesarias y mejorando el día a día de los ciudadanos y de sus negocios.

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Crowdfunding reglamentado en Argentina

El 3 de enero de 2018 la Comisión Nacional de Valores (la “CNV) ha reglamentado el crowdfunding mediante el dictado de la Resolución General 717-E/2017 (la “Resolución”) siguiendo lo prescripto en la Ley N° 27.349 (la “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor”) (ver este blog de la ley) entrando en vigencia el 4 de enero de 2018. Dicha norma había creado el “sistema de financiamiento colectivo” pero había dejado en manos de la CNV su reglamentación. En Argentina, dicho sistema se estructura en torno a las llamas plataformas de financiamiento colectivo (las “PFC”), las cuales se encargan de unir a los inversores con los emprendedores para el financiamiento de proyectos.

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