ADC emite informe sobre la economía Fintech y los datos personales

La Asociación por los Derechos Civiles elaboró un informe sobre protección de datos en el mundo fintech.

Según la propia ADC:

Bajo la promesa de mayor inclusión y educación financiera, las fintech –contracción anglosajona de tecnologías financieras– vienen a re-pensar la manera en la que se proveen los servicios en el ámbito financiero.

En este informe exploramos el reciente crecimiento del sector fintech en Argentina, a la luz de las nuevas dinámicas promovidas para el desarrollo de una economía digital. En este contexto, los datos generados por las personas a lo largo de su vida digital cobran especial relevancia. La construcción de una sociedad en donde existe un perfilamiento exhaustivo de todas las personas, puede resultar en un futuro inmediato que promueve mayor desigualdad y discriminación.

Para nuestra primera incursión en el tema nos enfocamos en presentar los interrogantes que, desde la sociedad civil, consideramos necesarios introducir, respecto al ejercicio y goce del derecho a la privacidad, para que el desarrollo del sector tenga en miras un bien social.

Métodos alternativos de solución de controversias para FinTech

La OMPI a través de su Centro de Arbitraje y Mediación comenzó a incursionar en métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (FinTech). Así puede verse en la web de la OMPI una página específicamente dedicada el tema en ingles y en castellano. Que el website de la OMPI también esté en castellano es una clara señal del interés en utilizar métodos de ADR en América Latina.

Asimismo, en este link encontraran una nota escrita por Leandro Toscano y Óscar Suárez de la OMPI sobre este tema.

Plazos fijos online en cualquier banco y sin ser cliente

El Banco Central de la República Argentina publicó hoy la Comunicación “A” 6667, que permite a los usuarios de un banco determinado realizar plazos fijos online en cualquier otro banco en el cual no sea cliente que les ofrezca una mejor tasa.

Esta nueva normativa tiene como finalidad brindar más opciones a los usuarios para canalizar sus ahorros, y busca fomentar la competencia por parte de los bancos.

Los bancos deberán adecuarse a la nueva operatoria antes del 30 de abril.

Se reemplaza la regulación de la Ley de Firma Digital y se incorpora la figura de “Prestador de Servicios de Confianza”

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 182/19, mediante el cual se deroga el decreto 2628/02 y se reemplaza la reglamentación a la ley 25.506 de firma digital (LFD) que allí se establecía. Asimismo, mediante el decreto 182/19 se sustituye el artículo 13 del decreto 1063/16, y se derogan los decretos 283/03 y 724/06 y los artículos 8°, 9° y 10 del decreto 561/16.

Según los considerandos de la norma en cuestión, su principal fundamento tiene que ver con que el decreto 2628/02 había quedado desactualizado luego de que la ley 27.446 modificara la LFD. De todas formas, el decreto 182/19 no sólo actualiza la reglamentación adaptándola a los cambios de la ley 27.446, sino que también incorpora disposiciones que surgen de otras normas reglamentarias de menor jerarquía (como por ejemplo, el artículo 21 de su Anexo establece que la identificación previa a la emisión de certificados digitales debe hacerse de manera presencial mediante datos biométricos, en línea con lo dispuesto en la Resolución 399/16 del Ministerio de Modernización y la Resolución 116/17 de la Secretaría de Modernización Administrativa, etc.), y también se aprovecha la oportunidad para ordenar de una mejor manera los distintos temas involucrados.

En adición a lo anterior, debe observarse que la norma avanza también sobre algunas cuestiones que exceden la mera actualización y sistematización de lo que ya existía. Mencionaremos aquí sólo algunas de dichas cuestiones, transmitiendo la primera impresión que nos generan.

(a) En primer lugar, mencionamos que el artículo 3 del decreto 182/19 dispone que “[c]uando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, salvo disposición legal en contrario”.

(b) En segundo lugar, mencionamos que mediante el artículo 2 de la reglamentación a la LFD que se incorpora como anexo al decreto 182/19 se dispone que “[l]a firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma ológrafa”.

Esto de alguna manera significa subirle el valor a la firma digital, que según el artículo 3 de la LFD era equivalente a la firma ológrafa. No podemos decir que estamos en desacuerdo con esta disposición ya que con anterioridad nos hemos referido al artículo 3 de la LFD sosteniendo que “la equivalencia referida no es realmente tal, porque la firma digital supera sustancialmente a la firma ológrafa en sus efectos. En este sentido, se ha afirmado que la firma digital ostenta efectos propios de un instrumento público, pues las presunciones de autoría e integridad de los artículos 7° y 8° de la LFD le otorgan plena fe hasta que se demuestre lo contrario” (Mora, Santiago J., “Documento Digital, Firma Electrónica y Digital”, en Diario La Ley, 31/12/13, 1).

(c) Por último, mencionamos como relevante la referencia a los llamados “Prestadores de Servicios de Confianza” que de una forma no tan clara se incorpora en el anexo al decreto 182/19. Adelantamos que nuestra opinión es crítica sobre lo que aquí se ha dispuesto.

Al respecto, el artículo 36 del anexo sostiene que “[s]e entiende por Servicio de Confianza al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a: 1. La conservación de archivos digitales. 2. La custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que las partes decidan confiar a un tercero depositario. 3. La notificación fehaciente de documentos electrónicos. 4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico. 5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales. 6. Los servicios de autenticación electrónica. 7. Los servicios de identificación digital. 8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante”. Luego, el artículo 37 siguiente sostiene que “[p]odrán brindar servicios de confianza las personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y condiciones que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

Antes de eso: (a) El artículo 4 del anexo incluye a los prestadores de servicios de confianza dentro de la llamada “Infraestructura de Firma Digital”. (b) El artículo 23 de la misma norma dispone que “[l]a SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones: […] 17) Determinar las condiciones de prestación de otros servicios de confianza en relación con la firma digital y otros temas cubiertos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria”. Y (c) el artículo 25 del anexo referido dispone que “[l]a SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS fijará los montos de: 1) Aranceles de licenciamiento, renovación de la licencia, presentación de nuevas versiones de las políticas, certificaciones y otros trámites de certificadores y prestadores de servicios de confianza […][y] 7) Aranceles aplicables a prestadores de servicios de confianza”.

Con relación a esta novedad, debemos reconocer primero que existen situaciones puntuales en las que entendemos que resulta razonable que el Estado licencie la función del tercero de confianza. Un ejemplo de ello lo vimos hace no mucho tiempo cuando nos referimos a los títulos valores digitales. En esos casos sostuvimos que existe la necesidad de garantizar de alguna manera la singularidad o unicidad del título, que -a resumidas cuentas- significa asegurarse que una persona que ya endosó un título valor no lo vuelva a endosar en el futuro, resolviendo así el llamado “problema del doble gasto”. Ello, por cuanto los documentos digitales firmados digitalmente podrían copiarse (sin distinguir el original de la copia) con relativa facilidad. Como solución a dicho problema, comentamos en su momento que en el derecho comparado se proponía la implementación de “sistemas de registro”, lo que básicamente consiste en designar terceros de confianza para que vayan anotando en todo momento quien tiene en su poder la capacidad de disponer o cobrar cada título (Mora, Santiago J., “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales”, publicado en Revista Derecho y Nuevas Tecnologías (RDYNT), CETYS-UDESA, 2017-1).

De todas formas, y sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, no nos parece que la necesidad de licenciar la operación de los terceros o servicios de confianza exista también en el resto de los casos descriptos genéricamente (y de manera un tanto obscura) por la norma que se comenta. En particular, no nos parece que sea necesario ni conveniente requerir una autorización del Estado para brindar servicios de almacenamiento de documentos digitales, servicios vinculados a la blockchain en general, ni servicios vinculados a la identificación de personas, entre otras cuestiones; ello, por cuanto todos esos servicios -en la generalidad de los casos- pueden prestarse perfectamente en la actualidad en base a la normativa pre-existente, en función a la fortaleza de la tecnología que se utilice, y a partir del principio de que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíba (artículo 19, CN).

Sobre el particular, por ejemplo, con relación al uso de la blockchain en general (y sin perjuicio del análisis que deba hacerse en ciertos casos específicos de aplicación), debe decirse que el artículo 6º de la LFD dispone que “[s]e entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”. Del concepto citado (por cuanto dice “con independencia del soporte utilizado”), resulta claro que para el Derecho Argentino es indistinto el soporte utilizado para el registro del documento digital, razón por la cual la blockchain (y sin perjuicio de sus particularidades, conforme se describen en Mora, Santiago J., “Monedas virtuales. Una primera aproximación al Bitcoin”, publicado en Diario La Ley, 31/12/15, 1) puede perfectamente utilizarse para ello. Esto va en línea con los artículos 284 y 1015, CCC que disponen el principio de libertad de formas.

Con relación a los contratos inteligentes, entendemos que los mismos se encuentran regidos por las mismas normas que rigen a los contratos electrónicos en general, cuya validez se admite hace años ya en base a la equivalencia entre documentos materiales y digitales, la validez de las firmas electrónicas y la equivalencia entre firmas ológrafas y digitales, dispuestas en nuestro país a partir de la LFD. Por otro lado, el análisis de la imputabilidad de una declaración de voluntad emitida automáticamente por medio de computadoras tampoco es algo nuevo, pudiendo aplicarse aquí el análisis que se hizo hace tiempo con relación al “Intercambio Electrónico de Datos” (“Electronic Data Interchange”, o “EDI”, en inglés). Al respecto, cabe mencionar que la “Ley Modelo de Comercio Electrónico” de la UNCITRAL dispuso en su artículo 13, inciso 2), punto b), que “[e]n las relaciones entre el iniciador y el destinatario, se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado: […] Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente”. Asimismo, el artículo 10, LFD (redacción según ley 27.446) dispone que “[c]uando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado”.

Es verdad que con los contratos inteligentes se presentan algunos especiales desafíos que los abogados debemos enfrentar, derivados fundamentalmente del hecho de que ellos se instrumentan a través de código informático y se auto-ejecutan. De todas formas, dichos desafíos tienen que ver más con otros aspectos del derecho y parecen estar lejos de la competencia de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien poco tendría para aportar con relación a los inconvenientes que puedan surgir ante un contrato inteligente mal programado que pase a bloquear los fondos recibidos, ante el problema de las limitaciones de redacción, ante el problema de si su ejecución puede resultar injusta, ante el problema de configurar en este ámbito los derechos dispuestos por el Régimen de Protección de Datos Personales, etc.

Por todo lo dicho, entendemos que reglamentar o requerir autorizaciones en general para operar estos llamados “servicios de confianza” no pareciera tener razón de ser ni beneficio alguno (más allá de que la regulación que pueda ser pertinente para ciertos casos específicos), observándose no obstante que ello generaría barreras de entradas y estructuraría (además, posiblemente mal) un mercado que debiera ser lo más dinámico y ágil posible, si es que queremos realmente que genere innovación y desarrollo. El hacerlo a partir de un decreto seguramente generará críticas adicionales, máxime cuando no está del todo claro el contorno de estas figuras. Todo ello, no puede más que generar incertidumbre para un importante grupo de empresas que ya están trabajando en cuestiones vinculadas a esta materia.

Esperamos que haya pronto novedades sobre estas últimas cuestiones, que sirvan para aclarar o corregir esta regulación.

Santiago Mora.


Confirman cierre de cuentas bancarias a exchange chileno de criptomonedas

En las vísperas de laBITconf, la conferencia más importante de América Latina sobre bitcoin y celebrada este año en Santiago de Chile, el pasado 3 de diciembre la Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile dictó sentencia contra el recurso de protección -similar al recurso de amparo- presentado por el exchange chileno Orionx contra el banco público Banco del Estado de Chile (“BancoEstado”) dejando al exchange chileno sin cuentas bancarias en aquella entidad financiera y, consecuentemente, con una conexión menos con el mundo del dinero fiduciario y del sistema bancario tradicional.

Originalmente, el BancoEstado había cerrado las cuentas bancarias de Orionx haciendo uso de una cláusula de rescisión unilateral que estaba prevista en el formulario por el cual Orionx había solicitado la apertura de su cuenta bancaria. BancoEstado fundo el cierre de la cuenta bancaria en el hecho que, según sus manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aquella entidad financiera no podía operar con clientes cuya actividad fuera negociación de criptoactivos entre particulares en la medida que no exista un marco regulatorio para tal actividad. La sentencia de la Corte Suprema claramente desconoce el principio de permisión, elemento fundamental del Estado de Derecho, y necesario para el desarrollo de nuevas actividades. Además, no se repara en el hecho que las actividades de Orionx, junto con otros exchanges, están alcanzadas por el resto del ordenamiento jurídico como podrían las normas protectorias de los consumidores o los códigos de fondo.

Orionx argumentó que la decisión de BancoEstado fue abusiva e ilegítima cuando esta causal no estaba prevista entre los motivos que autorizaban a la terminación unilateral del acuerdo. La Sala Tercera, por su parte, consideró que el listado de causales previstos en el formulario era meramente enunciativo y que la causal argumentada por BancoEstado era válida. Esta decisión de la Corte Suprema también resulta un retroceso puesto que avala la práctica y ejercicio de cláusulas abusivas en contratos con cláusulas predispuestas, como lo es un formulario de solicitud de un producto bancario.

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile realmente representante una estocada mortal al ecosistema cripto en Chile al consentir los abusos de las entidades financieras (recordamos que el ecosistema cripto chileno ha sido víctima de una ataque coordinado por parte del sistema bancario) y dejar sin protección constitucional inmediata a las actores que impulsan el desarrollo de esta nueva industria, sometiéndolos a procesos más extensos que muchas de estas empresas no pueden soportar. Afortunadamente, los argumentos del ecosistema están siendo recibidos de buena forma por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme algunas sentencias ya dictadas, cuando se demanda que estas prácticas constituyen ataques a la libre competencia.

El texto completo del fallo puede descargarse del siguiente enlace: Sentencia Orionx Corte Suprema.

El Banco Central permite realizar operaciones bancarias en comercios

Con fecha 28.11.2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó la Comunicación “A” 6603, que permite a los bancos realizar operaciones bancarias en distintos tipos de comercio, facilitando así el acceso de las personas al sistema bancario.

Conforme lo ha comentado el mismo BCRA en su sitio web, “[l]a norma permite la realización de operaciones bancarias a través de agencias complementarias generalmente llamadas corresponsalías bancarias. Estas corresponsalías bancarias podrán establecerse a través de acuerdos entre los bancos y distintas redes de comercios o entidades –como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal-“.

En dichas corresponsalías, los usuarios bancarios podrán, entre otras operaciones, “abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar sus pagos y obtener préstamos en lugares donde habitualmente llevan a cabo actividades cotidianas”.

Se espera que esta normativa favorezca especialmente “a quienes viven lejos de sucursales bancarias y se enmarca en un objetivo permanente de lograr una mayor inclusión financiera. En este sentido, el BCRA ya había habilitado el retiro de efectivo en supermercados y otros comercios, operatoria que viene creciendo en los últimos meses”.

Esta medida facilitará también especialmente la operatoria de los bancos digitales que han comenzado a ser autorizados a operar este año, y posiblemente genere un ámbito propicio para que algunas empresas Fintech (las que tienen presencia física) celebren contratos de colaboración con las entidades financieras.

Santiago Mora

Primer caso argentino sobre “robo” de criptomonedas

ver nota de Palazzi y Chomczyk en La Ley.

El pasado 21 de noviembre de 2018 la Sala 3 de la Cámara Tercera en lo Criminal de la Provincia de Chaco (el “Tribunal Interviniente”) dicto sentencia de primera instancia en el marco de la causa “P., H. M. s/ defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad” tramitado bajo el N° 40134/2017-1 en la cual se dispuso la primera condena por el “robo” de criptomonedas en la República Argentina.

Los hechos que motivaron el caso fueron los siguientes. Entre los días 14 de diciembre y 16 de diciembre del 2017, el Sr. H. M. P. realizó un ataque informático al exchange “Mercury Cash”, mediante el cual logró acceder a los sistemas de las compañía y cursar transferencias de ether, la criptomonedas asociada a la blockchain de Ethereum, a cuentas que el condenado mantenía en otras plataformas, para luego descargar las mismas en una billetera de su titularidad y dominio en un teléfono celular. El atacante fue identificado gracias a las medidas de seguridad informática que mantenía el exchange, que permitió identificar las direcciones IP desde las cuales el atacante ingresó al sistema, así como también gracias a la colaboración entre los exchanges, ya que parte de las primeras direcciones a las cuales se enviaron ethers eran de billeteras de otros exchanges.

En atención a estos hechos, el imputado fue condenado por el delito de defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad (Art. 173 inc. 16, art. 153 bis 2do supuesto en función del art. 55 del C.P.), tras la solicitud de juicio abreviado en la cual admitió su culpabilidad sobre los hechos imputados. A criterio del Tribunal Interviniente, el imputado defraudó a los dueños del portal “Mercury Cash” mediante el ataque informático ocasionándoles el perjuicio de perder una suma considerable de ethers. A su vez, el Tribunal Interviniente considera que corresponde agravar la pena puesto que la estafa ha recaído sobre un proveedor de servicios financieros. Asimismo, el Tribunal Interviniente considera que el acceso realizado por el imputado constituye el supuesto del art. 153 bis 2do supuesto de acceso ilegitimo a un sistema informático. En atención a todo, el Tribunal Interviniente dispone la aplicación de una pena de 2 años de prisión efectiva.

Este caso nos demuestra que es posible lograr recuperar una suma de criptomonedas en el caso de un ataque informático así como también la clara cooperación entre los diferentes del ecosistema pero, en particular, nos demuestra que la justicia argentina está en condiciones de hacer frente a estos nuevos desafíos jurisprudenciales al lograr un entendimiento acabado de la realidad tecnológica para resolver el caso y dar una solución a los nuevos hechos jurídicos.

El texto completo del fallo puede consultarse en el siguiente enlace: Primera Sentencia sobre Robo de Criptomonedas en Argentina.

http://www.fintechblog.org/wp-content/uploads/2019/04/articulo-caso-criptomonedasDiario-10-4-19-1.pdf

Bitcoin y blockchain desafían a las finanzas

por Marina Bericua

publicado originalmente en IProup

Cuando Satoshi Nakamoto publicó en 2008 las reglas del funcionamiento de Bitcoin y de la tecnología sobre la que funcionaba (blockchain), dejó en claro que su propuesta de un sistema de pagos electrónico descentralizado era una respuesta a la crisis del modelo tradicional de confianza en el sistema financiero: no confíen en los bancos, confíen en las matemáticas.

La crisis financiera del 2008 puso de manifiesto no sólo el deficiente análisis de riesgo crediticio que realizaban las instituciones financieras, sino el pobre trabajo realizado en explicarle a sus clientes los riesgos a los que se estaban exponiendo al adquirir ciertos productos (préstamos hipotecarios).

La respuesta regulatoria no se dejó esperar. A partir de ese momento, todas las instituciones tuvieron que incluir en los documentos de apertura de cuentas una evaluación acerca de la capacidad del cliente de comprender los productos que les iban a vender, un análisis sobre cuáles eran los productos “apropiados” para esos clientes.

Diez años después y tras 17 millones de Bitcoin emitidos, la criptomoneda que acapara el 58% del mercado de divisas virtuales es el centro –junto con las otras criptomonedas que le siguieron– de las discusiones regulatorias que plantea esta llamada democracia digital.

 

En un sistema de pagos descentralizado como el que plantean las monedas virtuales construidas sobre blockchain no existe quien evalúe, con perdón del neologismo, su “apropiabilidad”.

En un intento por realizar un análisis de los riesgos y tratar de mitigarlos, muchos países han desarrollado diversos tipos de respuestas regulatorias que van desde aclaraciones respecto de la “naturaleza jurídica” de las monedas, hasta las prohibiciones de su uso y negociación, pasando por advertencias y la obligación de obtener licencias impuesta a algunos de los actores del ecosistema.

Estados Unidos, Canadá, Suecia y la Argentina comenzaron a tratar a las monedas virtuales desde el punto de vista impositivo como bienes. Otros, como Alemania y Japón, como medios de pago de curso no forzoso.

La mayoría de los países han emitido advertencias sobre la posible clasificación de las transacciones como sujetas a las leyes de títulos valores. Bolivia y China prohibieron su uso y negociación. Otros, impusieron requisitos de “conozca a su cliente” y de prevención de lavado –como la Argentina– o la obligación de obtener una licencia específica, como es el caso del Estado de Nueva York, Japón y México.

Pero ¿cuáles son los riesgos que los reguladores han querido mitigar? Solamente por nombrar algunos, el de la anonimidad es por lejos el que más preocupaciones les plantea. Blockchain registra los montos y las cuentas desde donde y hacia donde se realizan las transferencias pero no la identidad de los usuarios.

En el pasado se han usado las monedas virtuales para actividades ilícitas (compra de drogas, armas y pornografía infantil, apuestas ilegales, fondeo de actividad terrorista y lavado de dinero).

A las preocupaciones sobre los usos de las monedas se suman la volatilidad de los precios y la posibilidad de fraudes premeditados o problemas con la ciberseguridad.

En la vereda de enfrente, los defensores de esta libertad monetaria insisten en que muchos de los embates regulatorios son causados por falta de conocimiento. Después de todo, el dinero en efectivo ha sido históricamente usado para actividades criminales y no por ello ha sido prohibido.

La identidad de los usuarios, dicen, podría ser rastreada a través de los mercados intervinientes, de las billeteras o de las direcciones IP y los problemas de ciberseguridad no son diferentes a los que se encuentra expuesto cualquier documento electrónico. Como en la mayoría de los casos, los problemas de seguridad son culpa de los usuarios que no resguardan sus claves.

Cada vez que se discute cómo regular un fenómeno asociado a la innovación tecnológica, el temor inicial es que las regulaciones hagan que el sistema sea tan complicado o costoso que deje de usarse. Demasiada regulación –pregonan– mata la innovación.  Yo lo corregiría: regulación inadecuada mata la innovación.

La diversidad de respuestas regulatorias –inclusive dentro de un mismo país– y los casos de cambios en el rumbo regulatorio señalan con el dedo dónde, a mi juicio, está el problema. La falta de conocimiento sobre cómo funcionan estas tecnologías genera movimientos regulatorios erráticos. Pero esta falta de conocimiento, respecto de un sistema que pretende resolver fundamentalmente un problema de  confianza no solo afecta la actividad regulatoria, sino que plantea también un desafío de “apropiabilidad” para los usuarios.

Las posibilidades de éxito de las monedas virtuales – que dependen en gran medida de su adopción- y de su tecnología base como herramientas para la inclusión financiera y, quien sabe, no solo financiera, están signadas por el mismo reto que planteó para los bancos la crisis del 2008: que no solo los reguladores entiendan cómo funciona, sino que también lo hagan los usuarios. Está en manos de quienes creen en las bondades de esta revolución en marcha, entre quienes me incluyo, hacerle frente al desafío y levantar el guante.

* Marina Bericua es directora de la Maestría en Derecho Empresario y miembro del CETYS, Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés.