Confirman cierre de cuentas bancarias a exchange chileno de criptomonedas

En las vísperas de laBITconf, la conferencia más importante de América Latina sobre bitcoin y celebrada este año en Santiago de Chile, el pasado 3 de diciembre la Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile dictó sentencia contra el recurso de protección -similar al recurso de amparo- presentado por el exchange chileno Orionx contra el banco público Banco del Estado de Chile (“BancoEstado”) dejando al exchange chileno sin cuentas bancarias en aquella entidad financiera y, consecuentemente, con una conexión menos con el mundo del dinero fiduciario y del sistema bancario tradicional.

Originalmente, el BancoEstado había cerrado las cuentas bancarias de Orionx haciendo uso de una cláusula de rescisión unilateral que estaba prevista en el formulario por el cual Orionx había solicitado la apertura de su cuenta bancaria. BancoEstado fundo el cierre de la cuenta bancaria en el hecho que, según sus manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aquella entidad financiera no podía operar con clientes cuya actividad fuera negociación de criptoactivos entre particulares en la medida que no exista un marco regulatorio para tal actividad. La sentencia de la Corte Suprema claramente desconoce el principio de permisión, elemento fundamental del Estado de Derecho, y necesario para el desarrollo de nuevas actividades. Además, no se repara en el hecho que las actividades de Orionx, junto con otros exchanges, están alcanzadas por el resto del ordenamiento jurídico como podrían las normas protectorias de los consumidores o los códigos de fondo.

Orionx argumentó que la decisión de BancoEstado fue abusiva e ilegítima cuando esta causal no estaba prevista entre los motivos que autorizaban a la terminación unilateral del acuerdo. La Sala Tercera, por su parte, consideró que el listado de causales previstos en el formulario era meramente enunciativo y que la causal argumentada por BancoEstado era válida. Esta decisión de la Corte Suprema también resulta un retroceso puesto que avala la práctica y ejercicio de cláusulas abusivas en contratos con cláusulas predispuestas, como lo es un formulario de solicitud de un producto bancario.

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile realmente representante una estocada mortal al ecosistema cripto en Chile al consentir los abusos de las entidades financieras (recordamos que el ecosistema cripto chileno ha sido víctima de una ataque coordinado por parte del sistema bancario) y dejar sin protección constitucional inmediata a las actores que impulsan el desarrollo de esta nueva industria, sometiéndolos a procesos más extensos que muchas de estas empresas no pueden soportar. Afortunadamente, los argumentos del ecosistema están siendo recibidos de buena forma por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme algunas sentencias ya dictadas, cuando se demanda que estas prácticas constituyen ataques a la libre competencia.

El texto completo del fallo puede descargarse del siguiente enlace: Sentencia Orionx Corte Suprema.

El Banco Central permite realizar operaciones bancarias en comercios

Con fecha 28.11.2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó la Comunicación “A” 6603, que permite a los bancos realizar operaciones bancarias en distintos tipos de comercio, facilitando así el acceso de las personas al sistema bancario.

Conforme lo ha comentado el mismo BCRA en su sitio web, “[l]a norma permite la realización de operaciones bancarias a través de agencias complementarias generalmente llamadas corresponsalías bancarias. Estas corresponsalías bancarias podrán establecerse a través de acuerdos entre los bancos y distintas redes de comercios o entidades –como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal-“.

En dichas corresponsalías, los usuarios bancarios podrán, entre otras operaciones, “abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar sus pagos y obtener préstamos en lugares donde habitualmente llevan a cabo actividades cotidianas”.

Se espera que esta normativa favorezca especialmente “a quienes viven lejos de sucursales bancarias y se enmarca en un objetivo permanente de lograr una mayor inclusión financiera. En este sentido, el BCRA ya había habilitado el retiro de efectivo en supermercados y otros comercios, operatoria que viene creciendo en los últimos meses”.

Esta medida facilitará también especialmente la operatoria de los bancos digitales que han comenzado a ser autorizados a operar este año, y posiblemente genere un ámbito propicio para que algunas empresas Fintech (las que tienen presencia física) celebren contratos de colaboración con las entidades financieras.

Santiago Mora

Primer caso argentino sobre “robo” de criptomonedas

El pasado 21 de noviembre de 2018 la Sala 3 de la Cámara Tercera en lo Criminal de la Provincia de Chaco (el “Tribunal Interviniente”) dicto sentencia de primera instancia en el marco de la causa “P., H. M. s/ defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad” tramitado bajo el N° 40134/2017-1 en la cual se dispuso la primera condena por el “robo” de criptomonedas en la República Argentina.

Los hechos que motivaron el caso fueron los siguientes. Entre los días 14 de diciembre y 16 de diciembre del 2017, el Sr. H. M. P. realizó un ataque informático al exchange “Mercury Cash”, mediante el cual logró acceder a los sistemas de las compañía y cursar transferencias de ether, la criptomonedas asociada a la blockchain de Ethereum, a cuentas que el condenado mantenía en otras plataformas, para luego descargar las mismas en una billetera de su titularidad y dominio en un teléfono celular. El atacante fue identificado gracias a las medidas de seguridad informática que mantenía el exchange, que permitió identificar las direcciones IP desde las cuales el atacante ingresó al sistema, así como también gracias a la colaboración entre los exchanges, ya que parte de las primeras direcciones a las cuales se enviaron ethers eran de billeteras de otros exchanges.

En atención a estos hechos, el imputado fue condenado por el delito de defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad (Art. 173 inc. 16, art. 153 bis 2do supuesto en función del art. 55 del C.P.), tras la solicitud de juicio abreviado en la cual admitió su culpabilidad sobre los hechos imputados. A criterio del Tribunal Interviniente, el imputado defraudó a los dueños del portal “Mercury Cash” mediante el ataque informático ocasionándoles el perjuicio de perder una suma considerable de ethers. A su vez, el Tribunal Interviniente considera que corresponde agravar la pena puesto que la estafa ha recaído sobre un proveedor de servicios financieros. Asimismo, el Tribunal Interviniente considera que el acceso realizado por el imputado constituye el supuesto del art. 153 bis 2do supuesto de acceso ilegitimo a un sistema informático. En atención a todo, el Tribunal Interviniente dispone la aplicación de una pena de 2 años de prisión efectiva.

Este caso nos demuestra que es posible lograr recuperar una suma de criptomonedas en el caso de un ataque informático así como también la clara cooperación entre los diferentes del ecosistema pero, en particular, nos demuestra que la justicia argentina está en condiciones de hacer frente a estos nuevos desafíos jurisprudenciales al lograr un entendimiento acabado de la realidad tecnológica para resolver el caso y dar una solución a los nuevos hechos jurídicos.

El Banco Central avanzó con la reglamentación del cheque electrónico (“ECHEQ”)

Con fecha 01.10.2018 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación “A” 6578, que avanza con la reglamentación del cheque electrónico, al que pasa a denominar “ECHEQ”.

La Comunicación referida tiene relación con lo que expusimos el año pasado en nuestro trabajo intitulado “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales” (Revista Derecho y Nuevas Tecnologías, CETYS-UDESA, 2017-1). Allí postulamos que en Argentina ya contábamos con la base normativa para que pudieran existir este tipo de títulos, no sólo a partir de los artículos 3° y 6° de la ley 25.506 que incorporaron al derecho argentino las equivalencias entre firmas ológrafas y digitales por un lado, y entre documentos materiales y digitales por el otro; sino también en virtud del artículo 1.836, CCC (complementado por los artículos 1.850 y 1.851 siguientes) que incorporó la equivalencia entre la singularidad derivada de la posesión que existe en los títulos valores en papel y la singularidad derivada del control que se obtiene en los títulos valores digitales a través de los llamados “sistemas de registro”. En esa oportunidad, observamos también que para comenzar a ver en el mercado este tipo de títulos valores, hacía falta aún una reglamentación por la cual se designaran las personas que iban a actuar como terceros de confianza que administren los registros, y se regularan los requisitos funcionales y operativos correspondientes.

Con relación a este tema, también resulta pertinente remitirnos a lo que observamos a comienzos de este año en este mismo Blog (luego ampliado en “Análisis de las disposiciones sobre firmas digitales, firmas electrónicas y documentos digitales en el acceso al crédito y la inclusión financiera. Varios aciertos y un desacierto”, publicado en el Suplemento Especial – La Ley: Decreto de desburocratización y simplificación: Impacto en el mundo empresarial y en la gestión pública, 2018/02); y en “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales. Una actualización sobre su situación en la Argentina” publicado en la RCCyC, 01/08/2018, 82). En esa oportunidad, comentamos que el decreto del PEN 27/18 (luego derogado por la ley 27.444 que a su vez reemplazó prácticamente todas sus disposiciones vinculadas al presente tema) había modificado distintos artículos del decreto-ley 5.965/63 de Letra de Cambio y Pagaré, así como distintos artículos de la ley 24.452 de Cheques, complementando las referencias que esa normativa hacía a la firma como requisito de forma para manifestar la voluntad, admitiendo también que “[s]i el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del [firmante] y la integridad del instrumento”. En dicho contexto, observamos que aquellos cambios permitían que a partir de ese momento las letras de cambio, los pagarés y los cheques también pudieran firmarse -además de con firmas digitales- con firmas electrónicas lo suficientemente robustas como para resistir rechazos de autoría e integridad (lo que alguna doctrina denomina ”firmas electrónicas avanzadas”, para distinguirlas de las “firmas electrónicas simples”).

Habiendo contextualizado la norma bajo análisis, comentamos a continuación un par de los puntos principales de la Comunicación “A” 6578.

(a) En primer lugar, la Comunicación referida avanza efectivamente en designar un tercero de confianza que administrará el registro necesario para la operatividad de estos títulos. En concreto, el punto 4 de la norma incorpora a las normas sobre “Sistema Nacional de Pago – Instrucciones Operativas. Cheques” el punto 3.4.2. que establece que “[s]e deberá implementar un sistema de almacenamiento de los ECHEQ, cuya función será registrar los libramientos y endosos de tales instrumentos. Este esquema podrá ser operado y administrado por la cámara electrónica de bajo valor de manera exclusiva o compartida”. Asimismo, agrega que “[l]as infraestructuras que administren el sistema de almacenamiento de ECHEQ, así como aquellas responsables de su sistema de compensación y liquidación serán consideradas como infraestructuras de mercado financiero sistémicamente importantes y, por lo tanto, le resultarán aplicables los Principios y requerimientos establecidos en la Comunicación ‘A’ 5775”.

Habrá que estar a cómo se precisa el funcionamiento de este sistema de registro, en tanto deben cumplirse una serie de requisitos tal como lo hemos observado en nuestros trabajos citados precedentemente. Además, por la redacción de la norma, queda abierta la participación de terceros, aunque no se determina la manera en que lo harían.

(b) En segundo lugar, el punto 2 de la Comunicación avanza en definir una forma de firma electrónica avanzada, al incorporar como punto 3.5.1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” un texto que dispone que “[e]l requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento, la confiabilidad de la operación de emisión y su autenticación en su conjunto, siempre y cuando el mismo haya sido previamente aceptado por el titular de la cuenta corriente mediante la suscripción de un acuerdo que establezca que no podrá desconocer las órdenes cursadas conforme dicho mecanismo y que las asumirá como propias”. Luego agrega que “[l]os ECHEQ podrán ser endosados y/o avalados en forma electrónica, siempre y cuando se utilicen para ello mecanismos que cumplimenten lo requerido en el párrafo precedente”.

Aquí los bancos tendrán un interesante trabajo para realizar, ya que para que sus clientes puedan utilizar firmas electrónicas avanzadas en lugar de firmas digitales, van a tener no sólo que utilizar sistemas informáticos lo suficientemente robustos como para poder resistir eventuales rechazos de autoría e integridad, sino también (más allá de que la redacción de la norma podría generar cierta confusión) obtener un documento material firmado ológrafamente que vincule a los firmantes de ECHEQs con las claves correspondientes a dicha firma. Esto, en primer lugar, deja para una posterior etapa la posibilidad de generar firmas electrónicas avanzadas de manera 100% remota. Asimismo, en segundo lugar, nos genera dudas sobre los incentivos que puede llegar a tener un banco en implementar este tipo de firmas electrónicas cuando con el mismo procedimiento pueden generarse certificados digitales suficientes para firmar digitalmente (mecanismo que ostenta presunciones de autoría e integridad, conforme los artículos 7° y 8° de la ley 25.506), en la medida en que los bancos se constituyan como Autoridades de Registro de algún Certificador Licenciado.

Quedan muchas otras cuestiones por definir por los actores involucrados. Por ejemplo, el punto 4 de la norma incorpora a las normas sobre “Sistema Nacional de Pago – Instrucciones Operativas. Cheques” el punto 3.4.1. que establece que “[s]e deberán adoptar los mecanismos –propios o a través de terceros– que resulten necesarios para que los clientes puedan depositar o cobrar en ventanilla los ECHEQ”. También tiene que regularse la forma en que se generarán las eventuales constancias de rechazo, lo cual tiene que ver con otro muy importante aspecto del asunto, vinculado a la ejecución judicial de estos instrumentos. Además, deben establecerse las pautas de interoperatividad entre los bancos, entre sistemas y -eventualmente- entre certificados digitales, debiéndose definir también quien genera las claves y los documentos materiales que deban firmar los endosantes y avalistas que no estén bancarizados, etc.

Al respecto, sólo agregamos que el punto 5 de la Comunicación establece que las disposiciones previstas en los puntos precedentes entrarán en vigencia a partir de los 180 días corridos contados desde la fecha de difusión de esta comunicación.

Para finalizar, observamos que si bien todavía no se ha avanzado en la regulación de lo pertinente a la letra de cambio y el pagaré digital, la experiencia que se genere con el caso del cheque resultará fundamental para poder avanzar más rápidamente en los otros casos.

Santiago Mora

Seminario FINTECH LAW ARGENTINA 2018

Complementando el módulo FINTECH que comienza el día de hoy en el marco del programa de formación sobre “DERECHO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES” (DITC), el “CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” (CETYS) junto a la MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIO de la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES organizan el seminario FINTECH LAW ARGENTINA 2018, a celebrarse el próximo martes 22 de agosto.

Es el tercer año en que se organiza este seminario. En esta oportunidad, se cuenta con el auspicio de la CÁMARA ARGENTINA DE FINTECH, se ha duplicado la cantidad de expositores con relación a las ediciones anteriores, y ya se cuenta con una cantidad récord de inscriptos.

Muy auspicioso el interés recibido.

Comienza la segunda edición del módulo FINTECH dentro del programa DITC del CETYS

En el día de hoy comienza la segunda edición del módulo “FINTECH” dentro del programa de formación sobre “DERECHO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES” (DITC) organizado por el “CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” (CETYS) de la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES.

Estamos muy contentos por volver a contar con los expositores que participaron el año pasado así como con nuevos expositores que se han sumado, para cubrir las muchas novedades que se han sucedido, así como las distintas visiones sobre cada uno de los temas involucrados. Todos importantes referentes de la industria y la educación.

Se adjunta copia del programa correspondiente. PROGRAMA FINTECH 2018

Se aprobó acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital entre Argentina y Chile

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 436/2018 del Ministerio de Modernización, mediante la cual se aprobó el acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital suscripto con fecha 2 de Noviembre de 2017 entre la República Argentina y la República de Chile, que se acompaña como Anexo y forma parte integrante de la misma.

Se dictaron las leyes 27.444, 27.445 y 27.446

En el día de hoy se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación tres leyes que derogan el decreto de necesidad y urgencia 27/2018 de Desburocratización y Simplificación, y -a su vez- vuelven a incorporar la mayoría de sus disposiciones.

Las leyes en cuestión son las siguientes:

– Ley 27.444: “Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”.
– Ley 27.445: “Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura”.
– Ley 27.446: “Ley de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional”.

El BCRA creo la Clave Virtual Uniforme (CVU)

Mediante la Comunicación “A” 6510 del 15.05.2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) notificó la creación de una Clave Virtual Uniforme (CVU), para permitir la identificación y trazabilidad de transferencias de fondos que se realicen entre cuentas a la vista cuando, como mínimo, una de ellas pertenezca a una empresa proveedora de servicios de pago, facilitando la interoperabilidad entre cuentas a la vista y servicios de pago.

Se establece que la CVU tendrá un formato compatible con el de la Clave Bancaria Uniforme (CBU), y que cada CVU estará asociada a: (a) Un identificador del cliente provisto por el proveedor de servicios de pago; (b) un Alias único compatible con el alias-CBU; y (c) la CBU de una cuenta a la vista a nombre del proveedor de servicios de pago.

Se agrega que la Cámara Electrónica de Compensación de Bajo Valor (CEC-BV) deberá operar y administrar las bases de datos y los sistemas informáticos necesarios para hacer posible el procesamiento de la CVU en las diferentes modalidades de transferencias de fondos; y que las entidades financieras deberán estar en condiciones de procesar CVU para transferencias de fondos en un plazo de 120 días a partir de publicada la presente comunicación.

Por último, se señala que posteriormente el BCRA dará a conocer mayores precisiones en cuanto a los aspectos técnicos y operacionales, que resulten necesarios en virtud de las presentes disposiciones.

Pago de sueldos con dinero electrónico: Aciertos y desaciertos del Ministerio de Trabajo

El pasado 11 de abril de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 168/2018 (la “Resolución”) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (el “Ministerio”).

La Resolución, en sus considerandos, señala que actualmente un empleado, según el art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, puede recibir su sueldo en: (i) efectivo, (ii) cheque o (iii) depósito en cuenta bancaria. Si bien estas formas eran idóneas para el pago de salarios cuando la norma fue dictada, los avances tecnológicos permiten realizar pagos por otros medios más modernos y acordes a los tiempos actuales. En concreto, la Resolución apunta a la incorporación como medio válido de pago de “las nuevas modalidades de transferencias inmediatas de fondos o de pagos electrónicos inmediatos [que] permiten transferir dinero mediante una aplicación en el teléfono móvil, sin costo y con acreditación inmediata“.

A fin de concretar esto, el Ministerio autorizó que “los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la transferencia inmediata de fondos podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero siempre que exista la aceptación explícita y fehaciente del trabajador y que tal modalidad no tenga ningún costo para este último en su instrumentación y mantenimiento, ni en transacciones relacionadas con transferencias, conversiones en dinero en efectivo de su remuneración o consultas de saldos y movimientos“.

Si realizamos una lectura detenida del art. 1 de la Resolución copiado en el párrafo anterior, podemos observar que el Ministerio, en rigor, esta autorizando al empleador a pagar los salarios usando medios basados en transferencias inmediatas de fondos. Según las normas del Banco Central de la República Argentina, las transferencias inmediatas de fondos son aquellas que se realizan entre “caja de ahorros, cuenta sueldo/de la seguridad social, caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social, cuenta corriente especial para personas jurídicas, cuenta a la vista para uso judicial, cuenta corriente bancaria y cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”. Por lo tanto, debemos concluir que el Ministerio lo único que hizo fue autorizar al empleador a pagar usando dispositivos móviles donde puedan usarse soluciones tecnológicas que habiliten a transferir fondos de cuenta bancaria a otra. En consecuencia, el Ministerio no haya una gran innovación sobre el marco y posibilidades ya existentes.

Consideramos que el Ministerio apuntó a autorizar a los empleadores pagar salarios mediante transferencias de dinero electrónico que funcionan sobre dispositivos de comunicación móviles o similares, como podría ser PIM O Ualá, solo por mencionar algunas soluciones ya existentes en la República Argentina. De allí la necesidad de contar con el consentimiento expreso del trabajador sobre esta modalidad de pago. Ahora bien, el texto de la Resolución no dice esto y creemos que el Ministerio debería dictar una nueva norma para ajustar el texto de la Resolución para que la misma no sea letra muerta.

Sin perjuicio que las plataformas de dinero electrónico no están reguladas en la República Argentina, creemos muy positivo que una entidad gubernamental como el Ministerio este dispuesto a admitir al dinero electrónico como valido para el pago de salarios debidos trabajadores. El uso de plataformas de dinero electrónico contribuyen a la inclusión financiera al mismo tiempo que evitan situaciones de evasión tributaria y permiten dotar de un elemento adicional al individuo a la hora de la formación de su identidad crediticia. En este sentido, al no haber regulación expresa sobre la materia, el Ministerio no podría rechazar u observar el uso de estas plataformas de dinero electrónico, aún cuando no tengan una aprobación expresa por parte del Banco Central de la República Argentina, única entidad que podría dictar si la plataforma es válida o no.