Plazos fijos online en cualquier banco y sin ser cliente

El Banco Central de la República Argentina publicó hoy la Comunicación “A” 6667, que permite a los usuarios de un banco determinado realizar plazos fijos online en cualquier otro banco en el cual no sea cliente que les ofrezca una mejor tasa.

Esta nueva normativa tiene como finalidad brindar más opciones a los usuarios para canalizar sus ahorros, y busca fomentar la competencia por parte de los bancos.

Los bancos deberán adecuarse a la nueva operatoria antes del 30 de abril.

Se reemplaza la regulación de la Ley de Firma Digital y se incorpora la figura de “Prestador de Servicios de Confianza”

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 182/19, mediante el cual se deroga el decreto 2628/02 y se reemplaza la reglamentación a la ley 25.506 de firma digital (LFD) que allí se establecía. Asimismo, mediante el decreto 182/19 se sustituye el artículo 13 del decreto 1063/16, y se derogan los decretos 283/03 y 724/06 y los artículos 8°, 9° y 10 del decreto 561/16.

Según los considerandos de la norma en cuestión, su principal fundamento tiene que ver con que el decreto 2628/02 había quedado desactualizado luego de que la ley 27.446 modificara la LFD. De todas formas, el decreto 182/19 no sólo actualiza la reglamentación adaptándola a los cambios de la ley 27.446, sino que también incorpora disposiciones que surgen de otras normas reglamentarias de menor jerarquía (como por ejemplo, el artículo 21 de su Anexo establece que la identificación previa a la emisión de certificados digitales debe hacerse de manera presencial mediante datos biométricos, en línea con lo dispuesto en la Resolución 399/16 del Ministerio de Modernización y la Resolución 116/17 de la Secretaría de Modernización Administrativa, etc.), y también se aprovecha la oportunidad para ordenar de una mejor manera los distintos temas involucrados.

En adición a lo anterior, debe observarse que la norma avanza también sobre algunas cuestiones que exceden la mera actualización y sistematización de lo que ya existía. Mencionaremos aquí sólo algunas de dichas cuestiones, transmitiendo la primera impresión que nos generan.

(a) En primer lugar, mencionamos que el artículo 3 del decreto 182/19 dispone que “[c]uando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, salvo disposición legal en contrario”.

(b) En segundo lugar, mencionamos que mediante el artículo 2 de la reglamentación a la LFD que se incorpora como anexo al decreto 182/19 se dispone que “[l]a firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma ológrafa”.

Esto de alguna manera significa subirle el valor a la firma digital, que según el artículo 3 de la LFD era equivalente a la firma ológrafa. No podemos decir que estamos en desacuerdo con esta disposición ya que con anterioridad nos hemos referido al artículo 3 de la LFD sosteniendo que “la equivalencia referida no es realmente tal, porque la firma digital supera sustancialmente a la firma ológrafa en sus efectos. En este sentido, se ha afirmado que la firma digital ostenta efectos propios de un instrumento público, pues las presunciones de autoría e integridad de los artículos 7° y 8° de la LFD le otorgan plena fe hasta que se demuestre lo contrario” (Mora, Santiago J., “Documento Digital, Firma Electrónica y Digital”, en Diario La Ley, 31/12/13, 1).

(c) Por último, mencionamos como relevante la referencia a los llamados “Prestadores de Servicios de Confianza” que de una forma no tan clara se incorpora en el anexo al decreto 182/19. Adelantamos que nuestra opinión es crítica sobre lo que aquí se ha dispuesto.

Al respecto, el artículo 36 del anexo sostiene que “[s]e entiende por Servicio de Confianza al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a: 1. La conservación de archivos digitales. 2. La custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que las partes decidan confiar a un tercero depositario. 3. La notificación fehaciente de documentos electrónicos. 4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico. 5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales. 6. Los servicios de autenticación electrónica. 7. Los servicios de identificación digital. 8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante”. Luego, el artículo 37 siguiente sostiene que “[p]odrán brindar servicios de confianza las personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y condiciones que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

Antes de eso: (a) El artículo 4 del anexo incluye a los prestadores de servicios de confianza dentro de la llamada “Infraestructura de Firma Digital”. (b) El artículo 23 de la misma norma dispone que “[l]a SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones: […] 17) Determinar las condiciones de prestación de otros servicios de confianza en relación con la firma digital y otros temas cubiertos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria”. Y (c) el artículo 25 del anexo referido dispone que “[l]a SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS fijará los montos de: 1) Aranceles de licenciamiento, renovación de la licencia, presentación de nuevas versiones de las políticas, certificaciones y otros trámites de certificadores y prestadores de servicios de confianza […][y] 7) Aranceles aplicables a prestadores de servicios de confianza”.

Con relación a esta novedad, debemos reconocer primero que existen situaciones puntuales en las que entendemos que resulta razonable que el Estado licencie la función del tercero de confianza. Un ejemplo de ello lo vimos hace no mucho tiempo cuando nos referimos a los títulos valores digitales. En esos casos sostuvimos que existe la necesidad de garantizar de alguna manera la singularidad o unicidad del título, que -a resumidas cuentas- significa asegurarse que una persona que ya endosó un título valor no lo vuelva a endosar en el futuro, resolviendo así el llamado “problema del doble gasto”. Ello, por cuanto los documentos digitales firmados digitalmente podrían copiarse (sin distinguir el original de la copia) con relativa facilidad. Como solución a dicho problema, comentamos en su momento que en el derecho comparado se proponía la implementación de “sistemas de registro”, lo que básicamente consiste en designar terceros de confianza para que vayan anotando en todo momento quien tiene en su poder la capacidad de disponer o cobrar cada título (Mora, Santiago J., “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales”, publicado en Revista Derecho y Nuevas Tecnologías (RDYNT), CETYS-UDESA, 2017-1).

De todas formas, y sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, no nos parece que la necesidad de licenciar la operación de los terceros o servicios de confianza exista también en el resto de los casos descriptos genéricamente (y de manera un tanto obscura) por la norma que se comenta. En particular, no nos parece que sea necesario ni conveniente requerir una autorización del Estado para brindar servicios de almacenamiento de documentos digitales, servicios vinculados a la blockchain en general, ni servicios vinculados a la identificación de personas, entre otras cuestiones; ello, por cuanto todos esos servicios -en la generalidad de los casos- pueden prestarse perfectamente en la actualidad en base a la normativa pre-existente, en función a la fortaleza de la tecnología que se utilice, y a partir del principio de que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíba (artículo 19, CN).

Sobre el particular, por ejemplo, con relación al uso de la blockchain en general (y sin perjuicio del análisis que deba hacerse en ciertos casos específicos de aplicación), debe decirse que el artículo 6º de la LFD dispone que “[s]e entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”. Del concepto citado (por cuanto dice “con independencia del soporte utilizado”), resulta claro que para el Derecho Argentino es indistinto el soporte utilizado para el registro del documento digital, razón por la cual la blockchain (y sin perjuicio de sus particularidades, conforme se describen en Mora, Santiago J., “Monedas virtuales. Una primera aproximación al Bitcoin”, publicado en Diario La Ley, 31/12/15, 1) puede perfectamente utilizarse para ello. Esto va en línea con los artículos 284 y 1015, CCC que disponen el principio de libertad de formas.

Con relación a los contratos inteligentes, entendemos que los mismos se encuentran regidos por las mismas normas que rigen a los contratos electrónicos en general, cuya validez se admite hace años ya en base a la equivalencia entre documentos materiales y digitales, la validez de las firmas electrónicas y la equivalencia entre firmas ológrafas y digitales, dispuestas en nuestro país a partir de la LFD. Por otro lado, el análisis de la imputabilidad de una declaración de voluntad emitida automáticamente por medio de computadoras tampoco es algo nuevo, pudiendo aplicarse aquí el análisis que se hizo hace tiempo con relación al “Intercambio Electrónico de Datos” (“Electronic Data Interchange”, o “EDI”, en inglés). Al respecto, cabe mencionar que la “Ley Modelo de Comercio Electrónico” de la UNCITRAL dispuso en su artículo 13, inciso 2), punto b), que “[e]n las relaciones entre el iniciador y el destinatario, se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado: […] Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente”. Asimismo, el artículo 10, LFD (redacción según ley 27.446) dispone que “[c]uando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado”.

Es verdad que con los contratos inteligentes se presentan algunos especiales desafíos que los abogados debemos enfrentar, derivados fundamentalmente del hecho de que ellos se instrumentan a través de código informático y se auto-ejecutan. De todas formas, dichos desafíos tienen que ver más con otros aspectos del derecho y parecen estar lejos de la competencia de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien poco tendría para aportar con relación a los inconvenientes que puedan surgir ante un contrato inteligente mal programado que pase a bloquear los fondos recibidos, ante el problema de las limitaciones de redacción, ante el problema de si su ejecución puede resultar injusta, ante el problema de configurar en este ámbito los derechos dispuestos por el Régimen de Protección de Datos Personales, etc.

Por todo lo dicho, entendemos que reglamentar o requerir autorizaciones en general para operar estos llamados “servicios de confianza” no pareciera tener razón de ser ni beneficio alguno (más allá de que la regulación que pueda ser pertinente para ciertos casos específicos), observándose no obstante que ello generaría barreras de entradas y estructuraría (además, posiblemente mal) un mercado que debiera ser lo más dinámico y ágil posible, si es que queremos realmente que genere innovación y desarrollo. El hacerlo a partir de un decreto seguramente generará críticas adicionales, máxime cuando no está del todo claro el contorno de estas figuras. Todo ello, no puede más que generar incertidumbre para un importante grupo de empresas que ya están trabajando en cuestiones vinculadas a esta materia.

Esperamos que haya pronto novedades sobre estas últimas cuestiones, que sirvan para aclarar o corregir esta regulación.

Santiago Mora.


El Banco Central permite realizar operaciones bancarias en comercios

Con fecha 28.11.2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó la Comunicación “A” 6603, que permite a los bancos realizar operaciones bancarias en distintos tipos de comercio, facilitando así el acceso de las personas al sistema bancario.

Conforme lo ha comentado el mismo BCRA en su sitio web, “[l]a norma permite la realización de operaciones bancarias a través de agencias complementarias generalmente llamadas corresponsalías bancarias. Estas corresponsalías bancarias podrán establecerse a través de acuerdos entre los bancos y distintas redes de comercios o entidades –como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal-“.

En dichas corresponsalías, los usuarios bancarios podrán, entre otras operaciones, “abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar sus pagos y obtener préstamos en lugares donde habitualmente llevan a cabo actividades cotidianas”.

Se espera que esta normativa favorezca especialmente “a quienes viven lejos de sucursales bancarias y se enmarca en un objetivo permanente de lograr una mayor inclusión financiera. En este sentido, el BCRA ya había habilitado el retiro de efectivo en supermercados y otros comercios, operatoria que viene creciendo en los últimos meses”.

Esta medida facilitará también especialmente la operatoria de los bancos digitales que han comenzado a ser autorizados a operar este año, y posiblemente genere un ámbito propicio para que algunas empresas Fintech (las que tienen presencia física) celebren contratos de colaboración con las entidades financieras.

Santiago Mora

El Banco Central avanzó con la reglamentación del cheque electrónico (“ECHEQ”)

Con fecha 01.10.2018 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación “A” 6578, que avanza con la reglamentación del cheque electrónico, al que pasa a denominar “ECHEQ”.

La Comunicación referida tiene relación con lo que expusimos el año pasado en nuestro trabajo intitulado “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales” (Revista Derecho y Nuevas Tecnologías, CETYS-UDESA, 2017-1). Allí postulamos que en Argentina ya contábamos con la base normativa para que pudieran existir este tipo de títulos, no sólo a partir de los artículos 3° y 6° de la ley 25.506 que incorporaron al derecho argentino las equivalencias entre firmas ológrafas y digitales por un lado, y entre documentos materiales y digitales por el otro; sino también en virtud del artículo 1.836, CCC (complementado por los artículos 1.850 y 1.851 siguientes) que incorporó la equivalencia entre la singularidad derivada de la posesión que existe en los títulos valores en papel y la singularidad derivada del control que se obtiene en los títulos valores digitales a través de los llamados “sistemas de registro”. En esa oportunidad, observamos también que para comenzar a ver en el mercado este tipo de títulos valores, hacía falta aún una reglamentación por la cual se designaran las personas que iban a actuar como terceros de confianza que administren los registros, y se regularan los requisitos funcionales y operativos correspondientes.

Con relación a este tema, también resulta pertinente remitirnos a lo que observamos a comienzos de este año en este mismo Blog (luego ampliado en “Análisis de las disposiciones sobre firmas digitales, firmas electrónicas y documentos digitales en el acceso al crédito y la inclusión financiera. Varios aciertos y un desacierto”, publicado en el Suplemento Especial – La Ley: Decreto de desburocratización y simplificación: Impacto en el mundo empresarial y en la gestión pública, 2018/02); y en “Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales. Una actualización sobre su situación en la Argentina” publicado en la RCCyC, 01/08/2018, 82). En esa oportunidad, comentamos que el decreto del PEN 27/18 (luego derogado por la ley 27.444 que a su vez reemplazó prácticamente todas sus disposiciones vinculadas al presente tema) había modificado distintos artículos del decreto-ley 5.965/63 de Letra de Cambio y Pagaré, así como distintos artículos de la ley 24.452 de Cheques, complementando las referencias que esa normativa hacía a la firma como requisito de forma para manifestar la voluntad, admitiendo también que “[s]i el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del [firmante] y la integridad del instrumento”. En dicho contexto, observamos que aquellos cambios permitían que a partir de ese momento las letras de cambio, los pagarés y los cheques también pudieran firmarse -además de con firmas digitales- con firmas electrónicas lo suficientemente robustas como para resistir rechazos de autoría e integridad (lo que alguna doctrina denomina ”firmas electrónicas avanzadas”, para distinguirlas de las “firmas electrónicas simples”).

Habiendo contextualizado la norma bajo análisis, comentamos a continuación un par de los puntos principales de la Comunicación “A” 6578.

(a) En primer lugar, la Comunicación referida avanza efectivamente en designar un tercero de confianza que administrará el registro necesario para la operatividad de estos títulos. En concreto, el punto 4 de la norma incorpora a las normas sobre “Sistema Nacional de Pago – Instrucciones Operativas. Cheques” el punto 3.4.2. que establece que “[s]e deberá implementar un sistema de almacenamiento de los ECHEQ, cuya función será registrar los libramientos y endosos de tales instrumentos. Este esquema podrá ser operado y administrado por la cámara electrónica de bajo valor de manera exclusiva o compartida”. Asimismo, agrega que “[l]as infraestructuras que administren el sistema de almacenamiento de ECHEQ, así como aquellas responsables de su sistema de compensación y liquidación serán consideradas como infraestructuras de mercado financiero sistémicamente importantes y, por lo tanto, le resultarán aplicables los Principios y requerimientos establecidos en la Comunicación ‘A’ 5775”.

Habrá que estar a cómo se precisa el funcionamiento de este sistema de registro, en tanto deben cumplirse una serie de requisitos tal como lo hemos observado en nuestros trabajos citados precedentemente. Además, por la redacción de la norma, queda abierta la participación de terceros, aunque no se determina la manera en que lo harían.

(b) En segundo lugar, el punto 2 de la Comunicación avanza en definir una forma de firma electrónica avanzada, al incorporar como punto 3.5.1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” un texto que dispone que “[e]l requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento, la confiabilidad de la operación de emisión y su autenticación en su conjunto, siempre y cuando el mismo haya sido previamente aceptado por el titular de la cuenta corriente mediante la suscripción de un acuerdo que establezca que no podrá desconocer las órdenes cursadas conforme dicho mecanismo y que las asumirá como propias”. Luego agrega que “[l]os ECHEQ podrán ser endosados y/o avalados en forma electrónica, siempre y cuando se utilicen para ello mecanismos que cumplimenten lo requerido en el párrafo precedente”.

Aquí los bancos tendrán un interesante trabajo para realizar, ya que para que sus clientes puedan utilizar firmas electrónicas avanzadas en lugar de firmas digitales, van a tener no sólo que utilizar sistemas informáticos lo suficientemente robustos como para poder resistir eventuales rechazos de autoría e integridad, sino también (más allá de que la redacción de la norma podría generar cierta confusión) obtener un documento material firmado ológrafamente que vincule a los firmantes de ECHEQs con las claves correspondientes a dicha firma. Esto, en primer lugar, deja para una posterior etapa la posibilidad de generar firmas electrónicas avanzadas de manera 100% remota. Asimismo, en segundo lugar, nos genera dudas sobre los incentivos que puede llegar a tener un banco en implementar este tipo de firmas electrónicas cuando con el mismo procedimiento pueden generarse certificados digitales suficientes para firmar digitalmente (mecanismo que ostenta presunciones de autoría e integridad, conforme los artículos 7° y 8° de la ley 25.506), en la medida en que los bancos se constituyan como Autoridades de Registro de algún Certificador Licenciado.

Quedan muchas otras cuestiones por definir por los actores involucrados. Por ejemplo, el punto 4 de la norma incorpora a las normas sobre “Sistema Nacional de Pago – Instrucciones Operativas. Cheques” el punto 3.4.1. que establece que “[s]e deberán adoptar los mecanismos –propios o a través de terceros– que resulten necesarios para que los clientes puedan depositar o cobrar en ventanilla los ECHEQ”. También tiene que regularse la forma en que se generarán las eventuales constancias de rechazo, lo cual tiene que ver con otro muy importante aspecto del asunto, vinculado a la ejecución judicial de estos instrumentos. Además, deben establecerse las pautas de interoperatividad entre los bancos, entre sistemas y -eventualmente- entre certificados digitales, debiéndose definir también quien genera las claves y los documentos materiales que deban firmar los endosantes y avalistas que no estén bancarizados, etc.

Al respecto, sólo agregamos que el punto 5 de la Comunicación establece que las disposiciones previstas en los puntos precedentes entrarán en vigencia a partir de los 180 días corridos contados desde la fecha de difusión de esta comunicación.

Para finalizar, observamos que si bien todavía no se ha avanzado en la regulación de lo pertinente a la letra de cambio y el pagaré digital, la experiencia que se genere con el caso del cheque resultará fundamental para poder avanzar más rápidamente en los otros casos.

Santiago Mora

Seminario FINTECH LAW ARGENTINA 2018

Complementando el módulo FINTECH que comienza el día de hoy en el marco del programa de formación sobre “DERECHO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES” (DITC), el “CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” (CETYS) junto a la MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIO de la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES organizan el seminario FINTECH LAW ARGENTINA 2018, a celebrarse el próximo martes 22 de agosto.

Es el tercer año en que se organiza este seminario. En esta oportunidad, se cuenta con el auspicio de la CÁMARA ARGENTINA DE FINTECH, se ha duplicado la cantidad de expositores con relación a las ediciones anteriores, y ya se cuenta con una cantidad récord de inscriptos.

Muy auspicioso el interés recibido.

Comienza la segunda edición del módulo FINTECH dentro del programa DITC del CETYS

En el día de hoy comienza la segunda edición del módulo “FINTECH” dentro del programa de formación sobre “DERECHO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES” (DITC) organizado por el “CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” (CETYS) de la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES.

Estamos muy contentos por volver a contar con los expositores que participaron el año pasado así como con nuevos expositores que se han sumado, para cubrir las muchas novedades que se han sucedido, así como las distintas visiones sobre cada uno de los temas involucrados. Todos importantes referentes de la industria y la educación.

Se adjunta copia del programa correspondiente. PROGRAMA FINTECH 2018

Se aprobó acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital entre Argentina y Chile

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 436/2018 del Ministerio de Modernización, mediante la cual se aprobó el acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital suscripto con fecha 2 de Noviembre de 2017 entre la República Argentina y la República de Chile, que se acompaña como Anexo y forma parte integrante de la misma.

Se dictaron las leyes 27.444, 27.445 y 27.446

En el día de hoy se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación tres leyes que derogan el decreto de necesidad y urgencia 27/2018 de Desburocratización y Simplificación, y -a su vez- vuelven a incorporar la mayoría de sus disposiciones.

Las leyes en cuestión son las siguientes:

– Ley 27.444: “Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”.
– Ley 27.445: “Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura”.
– Ley 27.446: “Ley de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional”.

El BCRA creo la Clave Virtual Uniforme (CVU)

Mediante la Comunicación “A” 6510 del 15.05.2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) notificó la creación de una Clave Virtual Uniforme (CVU), para permitir la identificación y trazabilidad de transferencias de fondos que se realicen entre cuentas a la vista cuando, como mínimo, una de ellas pertenezca a una empresa proveedora de servicios de pago, facilitando la interoperabilidad entre cuentas a la vista y servicios de pago.

Se establece que la CVU tendrá un formato compatible con el de la Clave Bancaria Uniforme (CBU), y que cada CVU estará asociada a: (a) Un identificador del cliente provisto por el proveedor de servicios de pago; (b) un Alias único compatible con el alias-CBU; y (c) la CBU de una cuenta a la vista a nombre del proveedor de servicios de pago.

Se agrega que la Cámara Electrónica de Compensación de Bajo Valor (CEC-BV) deberá operar y administrar las bases de datos y los sistemas informáticos necesarios para hacer posible el procesamiento de la CVU en las diferentes modalidades de transferencias de fondos; y que las entidades financieras deberán estar en condiciones de procesar CVU para transferencias de fondos en un plazo de 120 días a partir de publicada la presente comunicación.

Por último, se señala que posteriormente el BCRA dará a conocer mayores precisiones en cuanto a los aspectos técnicos y operacionales, que resulten necesarios en virtud de las presentes disposiciones.

RENAPER – Sistema de Identificación Biométrica

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) se encuentra implementando una herramienta de identificación biométrica, proyectando en la actualidad ofrecer al público tres paquetes de servicios, conforme se describen a continuación.

(i) Paquete 1 – Biometría más datos (ingreso con escaneo de tarjeta + foto de rostro)
El Paquete 1 tiene por finalidad corroborar que el usuario solicitante de la validación es quien dice ser. Ofrece dos factores de autenticación: “algo que tengo” y “algo que soy”. Para ello debe tener DNI y tomarse la foto del rostro en el preciso momento en el que está solicitando la validación.
El ciudadano tomará la foto de frente y dorso del DNI. La solución extraerá la información del ciudadano de esas imágenes y verificará que sea un DNI vigente. Luego solicita al ciudadano que se tome una foto del rostro, con un proceso de prueba de vida.
La solución realizará la comparación entre los datos recibidos, y los existentes en los registros de RENAPER, y luego devolverá al organismo o empresa una respuesta sobre la identificación, compuesta por un puntaje de coincidencia y por los datos públicos de la persona en cuestión.
En todos los casos, los usuarios que quieran utilizar la solución del Sistema de Identificación Biométrico podrán hacerlo mediante su teléfono celular, computadora personal o tablet.

(ii) Paquete 2 – Biometría (ingreso con N° de DNI + género + foto de rostro)
El Paquete 2, también tiene por finalidad corroborar que el usuario solicitante de la validación es quien dice ser, pero en este caso sólo le exige la foto de su rostro. Por lo tanto, este paquete ofrece un factor de autenticación: “algo que soy”.
El ciudadano ingresará los datos de número de DNI y género. La solución validará la concordancia entre los datos de número de DNI y género. Luego solicita al ciudadano que se tome una foto del rostro, con un proceso de prueba de vida.
La solución realizará la comparación entre los datos recibidos, y los existentes en los registros de RENAPER, y devolverá al organismo o empresa un puntaje de coincidencia como resultado de la comparación.
En todos los casos, los usuarios que quieran utilizar la solución del Sistema de Identificación Biométrica podrán hacerlo mediante su teléfono celular, computadora personal o tablet.

(iii) Paquete 3 – Datos (ingreso con N° de DNI + género + N° de trámite)
El Paquete 3 es únicamente de datos de la persona, el cual podrá ser consultado conociendo número de DNI, género y nro. de trámite.
El ciudadano ingresará los datos de número de DNI, género y N° de trámite. La solución validará la concordancia entre el N° de DNI ingresado con el género y el N° de trámite.
Sólo si el DNI está vigente la solución devolverá los datos públicos que se encuentran almacenados en las bases de RENAPER.
En todos los casos, los usuarios que quieran utilizar la solución del Sistema de Identificación Biométrico podrán hacerlo mediante su teléfono celular, computadora personal o tablet.