Confirman cierre de cuentas bancarias a exchange chileno de criptomonedas

En las vísperas de laBITconf, la conferencia más importante de América Latina sobre bitcoin y celebrada este año en Santiago de Chile, el pasado 3 de diciembre la Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile dictó sentencia contra el recurso de protección -similar al recurso de amparo- presentado por el exchange chileno Orionx contra el banco público Banco del Estado de Chile (“BancoEstado”) dejando al exchange chileno sin cuentas bancarias en aquella entidad financiera y, consecuentemente, con una conexión menos con el mundo del dinero fiduciario y del sistema bancario tradicional.

Originalmente, el BancoEstado había cerrado las cuentas bancarias de Orionx haciendo uso de una cláusula de rescisión unilateral que estaba prevista en el formulario por el cual Orionx había solicitado la apertura de su cuenta bancaria. BancoEstado fundo el cierre de la cuenta bancaria en el hecho que, según sus manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aquella entidad financiera no podía operar con clientes cuya actividad fuera negociación de criptoactivos entre particulares en la medida que no exista un marco regulatorio para tal actividad. La sentencia de la Corte Suprema claramente desconoce el principio de permisión, elemento fundamental del Estado de Derecho, y necesario para el desarrollo de nuevas actividades. Además, no se repara en el hecho que las actividades de Orionx, junto con otros exchanges, están alcanzadas por el resto del ordenamiento jurídico como podrían las normas protectorias de los consumidores o los códigos de fondo.

Orionx argumentó que la decisión de BancoEstado fue abusiva e ilegítima cuando esta causal no estaba prevista entre los motivos que autorizaban a la terminación unilateral del acuerdo. La Sala Tercera, por su parte, consideró que el listado de causales previstos en el formulario era meramente enunciativo y que la causal argumentada por BancoEstado era válida. Esta decisión de la Corte Suprema también resulta un retroceso puesto que avala la práctica y ejercicio de cláusulas abusivas en contratos con cláusulas predispuestas, como lo es un formulario de solicitud de un producto bancario.

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile realmente representante una estocada mortal al ecosistema cripto en Chile al consentir los abusos de las entidades financieras (recordamos que el ecosistema cripto chileno ha sido víctima de una ataque coordinado por parte del sistema bancario) y dejar sin protección constitucional inmediata a las actores que impulsan el desarrollo de esta nueva industria, sometiéndolos a procesos más extensos que muchas de estas empresas no pueden soportar. Afortunadamente, los argumentos del ecosistema están siendo recibidos de buena forma por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme algunas sentencias ya dictadas, cuando se demanda que estas prácticas constituyen ataques a la libre competencia.

El texto completo del fallo puede descargarse del siguiente enlace: Sentencia Orionx Corte Suprema.

Primer caso argentino sobre “robo” de criptomonedas

El pasado 21 de noviembre de 2018 la Sala 3 de la Cámara Tercera en lo Criminal de la Provincia de Chaco (el “Tribunal Interviniente”) dicto sentencia de primera instancia en el marco de la causa “P., H. M. s/ defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad” tramitado bajo el N° 40134/2017-1 en la cual se dispuso la primera condena por el “robo” de criptomonedas en la República Argentina.

Los hechos que motivaron el caso fueron los siguientes. Entre los días 14 de diciembre y 16 de diciembre del 2017, el Sr. H. M. P. realizó un ataque informático al exchange “Mercury Cash”, mediante el cual logró acceder a los sistemas de las compañía y cursar transferencias de ether, la criptomonedas asociada a la blockchain de Ethereum, a cuentas que el condenado mantenía en otras plataformas, para luego descargar las mismas en una billetera de su titularidad y dominio en un teléfono celular. El atacante fue identificado gracias a las medidas de seguridad informática que mantenía el exchange, que permitió identificar las direcciones IP desde las cuales el atacante ingresó al sistema, así como también gracias a la colaboración entre los exchanges, ya que parte de las primeras direcciones a las cuales se enviaron ethers eran de billeteras de otros exchanges.

En atención a estos hechos, el imputado fue condenado por el delito de defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad (Art. 173 inc. 16, art. 153 bis 2do supuesto en función del art. 55 del C.P.), tras la solicitud de juicio abreviado en la cual admitió su culpabilidad sobre los hechos imputados. A criterio del Tribunal Interviniente, el imputado defraudó a los dueños del portal “Mercury Cash” mediante el ataque informático ocasionándoles el perjuicio de perder una suma considerable de ethers. A su vez, el Tribunal Interviniente considera que corresponde agravar la pena puesto que la estafa ha recaído sobre un proveedor de servicios financieros. Asimismo, el Tribunal Interviniente considera que el acceso realizado por el imputado constituye el supuesto del art. 153 bis 2do supuesto de acceso ilegitimo a un sistema informático. En atención a todo, el Tribunal Interviniente dispone la aplicación de una pena de 2 años de prisión efectiva.

Este caso nos demuestra que es posible lograr recuperar una suma de criptomonedas en el caso de un ataque informático así como también la clara cooperación entre los diferentes del ecosistema pero, en particular, nos demuestra que la justicia argentina está en condiciones de hacer frente a estos nuevos desafíos jurisprudenciales al lograr un entendimiento acabado de la realidad tecnológica para resolver el caso y dar una solución a los nuevos hechos jurídicos.

Pago de sueldos con dinero electrónico: Aciertos y desaciertos del Ministerio de Trabajo

El pasado 11 de abril de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 168/2018 (la “Resolución”) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (el “Ministerio”).

La Resolución, en sus considerandos, señala que actualmente un empleado, según el art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, puede recibir su sueldo en: (i) efectivo, (ii) cheque o (iii) depósito en cuenta bancaria. Si bien estas formas eran idóneas para el pago de salarios cuando la norma fue dictada, los avances tecnológicos permiten realizar pagos por otros medios más modernos y acordes a los tiempos actuales. En concreto, la Resolución apunta a la incorporación como medio válido de pago de “las nuevas modalidades de transferencias inmediatas de fondos o de pagos electrónicos inmediatos [que] permiten transferir dinero mediante una aplicación en el teléfono móvil, sin costo y con acreditación inmediata“.

A fin de concretar esto, el Ministerio autorizó que “los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la transferencia inmediata de fondos podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero siempre que exista la aceptación explícita y fehaciente del trabajador y que tal modalidad no tenga ningún costo para este último en su instrumentación y mantenimiento, ni en transacciones relacionadas con transferencias, conversiones en dinero en efectivo de su remuneración o consultas de saldos y movimientos“.

Si realizamos una lectura detenida del art. 1 de la Resolución copiado en el párrafo anterior, podemos observar que el Ministerio, en rigor, esta autorizando al empleador a pagar los salarios usando medios basados en transferencias inmediatas de fondos. Según las normas del Banco Central de la República Argentina, las transferencias inmediatas de fondos son aquellas que se realizan entre “caja de ahorros, cuenta sueldo/de la seguridad social, caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social, cuenta corriente especial para personas jurídicas, cuenta a la vista para uso judicial, cuenta corriente bancaria y cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”. Por lo tanto, debemos concluir que el Ministerio lo único que hizo fue autorizar al empleador a pagar usando dispositivos móviles donde puedan usarse soluciones tecnológicas que habiliten a transferir fondos de cuenta bancaria a otra. En consecuencia, el Ministerio no haya una gran innovación sobre el marco y posibilidades ya existentes.

Consideramos que el Ministerio apuntó a autorizar a los empleadores pagar salarios mediante transferencias de dinero electrónico que funcionan sobre dispositivos de comunicación móviles o similares, como podría ser PIM O Ualá, solo por mencionar algunas soluciones ya existentes en la República Argentina. De allí la necesidad de contar con el consentimiento expreso del trabajador sobre esta modalidad de pago. Ahora bien, el texto de la Resolución no dice esto y creemos que el Ministerio debería dictar una nueva norma para ajustar el texto de la Resolución para que la misma no sea letra muerta.

Sin perjuicio que las plataformas de dinero electrónico no están reguladas en la República Argentina, creemos muy positivo que una entidad gubernamental como el Ministerio este dispuesto a admitir al dinero electrónico como valido para el pago de salarios debidos trabajadores. El uso de plataformas de dinero electrónico contribuyen a la inclusión financiera al mismo tiempo que evitan situaciones de evasión tributaria y permiten dotar de un elemento adicional al individuo a la hora de la formación de su identidad crediticia. En este sentido, al no haber regulación expresa sobre la materia, el Ministerio no podría rechazar u observar el uso de estas plataformas de dinero electrónico, aún cuando no tengan una aprobación expresa por parte del Banco Central de la República Argentina, única entidad que podría dictar si la plataforma es válida o no.

 

Nuevas normas para fintechs argentinas

Siguiendo con la nota publicada la semana pasada  en este blog sobre las novedades normativas del Decreto 27/2018, en esta ocasión vamos a mencionar algunos de los cambios que ha traído esta nueva norma para el uso de la firma digital y electrónica, en particular en lo que hace a su posible aplicación para dar lugar a los pagarés y cheques digitales así como también la posibilidad de celebrar contratos para la solicitud de tarjetas a distancia.

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Crowdfunding reglamentado en Argentina

El 3 de enero de 2018 la Comisión Nacional de Valores (la “CNV) ha reglamentado el crowdfunding mediante el dictado de la Resolución General 717-E/2017 (la “Resolución”) siguiendo lo prescripto en la Ley N° 27.349 (la “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor”) (ver este blog de la ley) entrando en vigencia el 4 de enero de 2018. Dicha norma había creado el “sistema de financiamiento colectivo” pero había dejado en manos de la CNV su reglamentación. En Argentina, dicho sistema se estructura en torno a las llamas plataformas de financiamiento colectivo (las “PFC”), las cuales se encargan de unir a los inversores con los emprendedores para el financiamiento de proyectos.

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Argentina: la reforma tributaria avanza sobre las criptomonedas

En este post se puede leer la media sanción de la reforma tributaria ocurrida en diciembre de 2017. El proyecto de ley avanza sobre las criptomonedas pues:

  • se las identifica como monedas digitales, aunque nunca se las define.
  • se los considera en todas sus menciones como valores, a la par bonos, títulos o acciones.

Texto completo de la media sanción de la Cámara de Diputados

La ONG Bitcoin Argentina propone cambios a la reforma tributaria

Tal como se ha podido conocer, la reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional regula a las monedas digitales, categoría en la que podemos incluir a Bitcoin. Esta propuesta de regulación las asemeja a los valores negociables, como podrían los bonos o las acciones. Como consecuencia de esto, la enajenación de monedas digitales estaría alcanzada por el llamado “impuesto a la renta financiera”. Es decir, cada vez que alguna moneda digital sale del patrimonio de una persona, y se reúnen los requisitos establecidos en la normativa, correspondería abonar dicho impuesto. Este impuesto destruye totalmente la finalidad de las monedas digitales de actuar como medio de pago, desalentando su uso como tales.

La ONG Bitcoin Argentina se ha pronunciado al respecto y ha publicado un paper con el análisis del impacto de la reforma tributaria junto con una contra propuesta. El paper completo puede ser consultado aquí, estando también disponible un resumen ejecutivo en este enlace y, finalmente, la contra propuesta al proyecto aquí.

Charla “Aspectos Legales de las Fintechs” – Reunión plenaria en Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina

El pasado 31 de julio de 2017 tuvo lugar en el Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina una charla sobre los “Aspectos Legales de las Fintechs” con 3 ponencias sobre el tema. Además de mi participación, tuvimos 2 charlas adicionales en las cuales participaron Diego Bunge, Director del Posgrado de Derecho Bancario de la UBA, y Cristian Pujol, Gerente de Derecho Financiero, Cambiario y Comercial de la Gerencia Principal de Asesoría Legal del Banco Central de la República Argentina.

Por mi parte, tuve la oportunidad de concurrir para charlar sobre los desafíos legales que representa la revolución de las fintech y como solucionaron algunos de dichos problemas, como la identificación de los clientes y el onboarding digital, las empresas de este sector. También durante la charla tuve la oportunidad de presentar y explicar los desafíos que vienen de la mano de tecnologías totalmente innovadoras y disruptivas como Bitcoin. A continuación hay algunas fotos tomadas durante el evento: