Estafas con bitcoins – nuevo caso

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “G., N. y otros s/sobreseimiento” (Causa N° 72.645/2018) resuelta el 11/7/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron el sobreseimiento de cuatro personas imputadas de haber defraudado a los querellantes en una operación comercial vinculada con la obtención de moneda virtual (“bitcoins”).

Explicaron los vocales que no advertían el estado de certeza negativa que requiere un sobreseimiento (art.336 CPPN) toda vez que era necesario llevar a cabo peritajes informáticos y contables para determinar la trazabilidad del aporte de los querellantes, la consecuente generación de “bitcoins” por parte de los imputados y el consecuente pago de dividendos en las cuentas o “billeteras virtuales”. Añadieron que las medidas no demandarían dificultades en tanto la información buscada surgiría de datos que se encuentran en internet respecto de los cuales no rige el secreto propio de algunas prácticas bancarias, evitando así el traslado de los expertos hasta el sitio en que se emplaza la maquinaria dedicada.

Finalmente indicaron que “….no podemos soslayar que al hacerse alusión a toda la operatoria en su conjunto, se dio cuenta de la materialización de operaciones que conllevaron el movimiento de moneda extranjera por un total de 18 millones de dólares hacia y desde el exterior del país, para ser aplicados a la obtención de una especie de moneda digital que era abonada por un medio electrónico. Asimismo, de la documentación examinada no surgen datos que ilustren acerca de que se hubieran adoptado los recaudos propios del control del origen de los fondos, o su conversión, especialmente por el tipo de operación mencionada, en concordancia con los estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual la República Argentina es miembro permanente. En función de ello, deberá desde la primera instancia remitir testimonios de lo actuado a la Unidad de Información Financiera, a sus fines específicos….”.

FUENTE: Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca

Citar: CCC., Sala IV, en autos, “G., N. y otros s/sobreseimiento” (Causa N° 72.645/2018) resuelta el 11/7/19  y difundida por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La UIF modifica la regulación aplicable a los emisores de tarjetas de créditos y demás participantes de sistemas electrónicos de pago

Con fecha 26 de julio de 2019 la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución UIF 76/19, mediante la cual se deroga la Resolución UIF 02/12 y se reemplaza la regulación de las obligaciones de los sujetos obligados identificados en el inciso 9 del artículo 20 de la Ley N.º 25.246 de Lavado de Dinero (LLD) referido a las “empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra”.

Sobre el particular, observamos que cuando la Resolución UIF 02/12 reguló el inciso 9 referido, incluyó en dicho régimen a las denominadas “tarjetas prepagas, recargables o no, entendiéndose por tales a aquellas que funcionan contra saldos que son acreditados previamente a su uso y destinados a la compra de un bien o servicio” (artículo 2, inciso a, párrafo segundo), lo que en rigor se trataría de los monederos electrónicos.

Esta cuestión fue en su momento criticada por nosotros (Mora, Santiago J., “Una actualización sobre el dinero electrónico”, en Revista Derecho y Nuevas Tecnologías -RDYNT-, CETYS-UDESA, 2017-1), ya que -además de ampliar el objeto de la LLD- de esa manera se eliminaba en principio la posibilidad de implementar sistemas de monederos electrónicos anónimos en la Argentina. Esto, no obstante una buena parte de la doctrina internacional había entendido que el anonimato constituía una característica esencial de dichos sistemas, que además eran típicamente aptos para micropagos y funcionaban offline.

Sobre el particular, incluso, se había dicho en su momento que los sistemas anónimos de dinero electrónico debían existir a los efectos de preservar los derechos de privacidad e intimidad (reconocidos en nuestro derecho por los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional), dado que en la especie se corría el riesgo de que los usuarios sufrieran una especial intromisión en su vida privada, a través del registro de sus actividades más íntimas. En el mismo sentido, se dijo que no podía ignorarse tampoco que el bien jurídico protegido por la LLD parecía no verse amenazado cuando los montos de las operaciones no superan cierta magnitud. 

Entendiendo esta regulación entonces como una distorsión al mercado, observamos que luego surgió una segunda distorsión que exacerbó la primera. Esto porque a los pocos días del dictado de la resolución anteriormente referida, se dictó la Resolución UIF 42/12 que excluyó de dicha reglamentación a la llamada tarjeta SUBE, el monedero electrónico local más importante de ese momento y de la actualidad, el cual es administrado por Nación Servicios S.A., una empresa controlada por el Banco de la Nación Argentina.

La Resolución UIF 42/12 trató de justificar la exención mencionada sosteniendo que el sistema SUBE sólo se utilizaba en un ámbito acotado (transporte), pero entendimos que en dicho caso la exención se tendría que haber redactado de otra manera, eximiendo a todos los monederos electrónicos que operan en un ámbito acotado. Adicionalmente, observamos que dicha justificación tampoco resultaba válida, y así quedó en evidencia cuanto el decreto del PEN 1580/13 autorizó expresamente a Nación Servicios S.A. “a instrumentar el sistema de percepción de peaje con la tarjeta del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) en la red vial de autopistas” (artículo 1) y “a instrumentar el sistema que permita efectuar pagos con la tarjeta del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) para la adquisición de productos en establecimientos comerciales y/o para la prestación de servicios que se adhieran al sistema” (artículo 2).

En este contexto, observamos que mediante la Resolución UIF 76/19 no se han modificado las distorsiones referidas precedentemente: La nueva normativa mantiene como sujetos obligados a los operadores de tarjetas prepagas (incluyendo a las tarjetas prepagas de regalos) y mantuvo como excluido de dicho régimen al operador de la tarjeta SUBE (artículo 2, inciso w).

Más allá de lo anterior, entre las modificaciones derivadas de la norma comentada, -entre otras cuestiones- mencionamos que:

(a) Se incorporó expresamente también a los agregadores, agrupadores o facilitadores de pago como sujetos obligados (artículo 2, inciso w).

(b) Se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, pasando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo (considerando 7).

(c) Se incluyó la posibilidad de identificar clientes de manera no presencial (artículo 26), cuestión que ya estaba prevista para las entidades financieras desde la Resolución UIF 30-E/2017, y que en el presente caso sigue la línea de lo dispuesto por el decreto 27/18 y la ley 27.444 (que autorizaron la firma del contrato de emisión de tarjeta de crédito con firmas electrónicas avanzadas).

(d) Se incorporó la posibilidad de que los clientes requieran al Sujeto Obligado que comparta toda la información y documentación contenida en su legajo relativa a su identificación y el origen y licitud de los fondos, con otros sujetos obligados consignados en los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; cuando se encuentre destinada al inicio de una relación comercial o a la apertura de una cuenta.

Esta posibilidad tiene que ver con el llamado “Open Banking”, cuestión que también ya estaba prevista para las entidades financieras desde la Resolución UIF 30-E/2017.

Santiago Mora