Crowdfunding reglamentado en Argentina

El 3 de enero de 2018 la Comisión Nacional de Valores (la “CNV) ha reglamentado el crowdfunding mediante el dictado de la Resolución General 717-E/2017 (la “Resolución”) siguiendo lo prescripto en la Ley N° 27.349 (la “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor”) (ver este blog de la ley) entrando en vigencia el 4 de enero de 2018. Dicha norma había creado el “sistema de financiamiento colectivo” pero había dejado en manos de la CNV su reglamentación. En Argentina, dicho sistema se estructura en torno a las llamas plataformas de financiamiento colectivo (las “PFC”), las cuales se encargan de unir a los inversores con los emprendedores para el financiamiento de proyectos.

La Resolución tiene por objeto establecer los requisitos que deben acreditar estas plataformas para obtener su autorización a operar como tales así como el régimen informativo al cual se encuentran sometidas. Tal como señala la CNV en la Resolución, la norma bajo análisis fue producto de un proceso de consulta y estudio por parte del regulador a fin de lograr un marco normativo lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo de la innovación al mismo tiempo que protege eficientemente a los inversores; en particular, cabe señalar que la Resolución fue una de las primeras normas que la CNV permitió al público en general opinar sobre su redacción.

El sistema de financiamiento colectivo regulado por la CNV solo resulta aplicable a aquellos proyectos que revistan la calidad de “emprendimientos argentinos” según la normativa dictada por el Ministerio de Producción. Aquellos emprendimientos que sean financiados a través de una PFC estarán exentos del cumplir con la carga regulatoria del régimen de la oferta pública respecto de los instrumentos entregados a los inversores. Respecto de los proyectos en sí mismos, la PFC deberá recolectar y verificar documentación e información sobre los proyectos y los emprendedores, quedando obligada frente a los inversores por la información que sea publicada en la PFC.

Las PFC no podrán realizar ninguna otra actividad sujeta al control de la CNV, ni inscribirse en otras categorías de agentes y/o sujetos bajo fiscalización de tal organismo, excepto que la PFC pretenda realizar una apertura de su capital a través del régimen de oferta pública y/o busque financiamiento a través de la emisión de deuda. Por otro lado, las PFC podrán realizar actividades afines y complementarias no sujetas al control de la CNV, siempre y cuando no exista conflicto de interés entre las actividades que pretendan desarrollarse, y se observen los principios de transparencia, objetividad, diligencia y buena fe en el trato con sus clientes.

Para hacer el seguimiento de esta normativa, la Resolución crea, en el marco de las PFC, la figura del responsable de PFC (el “Responsable”) quien estará a cargo de controlar el efectivo cumplimiento con las disposiciones aplicables de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y a la Resolución. Para ello, es necesario que el Responsable tenga pleno acceso a toda la operatoria de la PFC así como se garantice los medios para lograr su independencia, en idéntica manera que sucede con figuras como el oficial de cumplimiento o el oficial de protección de datos personales en otras áreas del Derecho. El Responsable es el canal para recibir denuncias en caso que se verifique alguna conducta ilícita dentro de la PFC.