Lanzamiento de la obra “FINTECH: ASPECTOS LEGALES”

Estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de la obra “FINTECH: ASPECTOS LEGALES” que dirigimos Pablo Palazzi y Santiago Mora desde el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) y la Maestría en Derecho Empresario (MDE) de la Universidad de San Andrés.

Es el fruto de un esfuerzo enorme de muchas personas, entre las cuales están Marina Bericua y Andrés Chomczyk, y con un muy importante apoyo de la Cámara Argentina de Fintech.

Estamos especialmente felices por contar con valiosísimos artículos de referentes nacionales y extranjeros como Victoria Albanesi, Mercedes Ales Uría, Eduardo Aracil, Angela Botía, Juan Pablo Bruzzo, Marcos Cané, Francisco Guzmán, Julieta Heffess, Franco Jofré, Diego Lasagna, Dolores María Muñiz, Diego Peralta, Fernando Pino Ceverino, Ariel E. Provenzani Casares, Lucia Quesada, Francisco Rao Scuccato, Fernando Rey Gaido, Sol Sánchez, Óscar Suárez, Leandro Toscano, Adrián Calvo Pelayo, Juan M. Diehl Moreno, Julian Dunayevich, Santiago Eraso Lomaquiz, Johanna Caterina Faliero, Rodolfo R. Florez, Daniel Franca, Fernanda Levy, David Maeztu, João Elio Argentino, Giangiacomo Olivi, Marcela I. Pallero, Vanessa Pirró, Daniel Rybnik, Guadalupe Sampedro y Leandro Ucciferri.

La obra tiene dos tomos. Pueden encontrarse sus índices aquí y aquí.

Si bien todavía no llego a las librerías, y la presentación oficial será el 21.11 (inscripción en:  https://lnkd.in/ee4mT2U), mientras tanto ya se puede adquirir enviando un mail a cetys@udesa.edu.ar

Comienza la tercera edición del módulo “FINTECH” dentro del “Programa de Derecho y Tecnología de las Comunicaciones”

El próximo 18 de septiembre comienza la tercera edición del módulo “FINTECH” dentro del “Programa de Derecho y Tecnología de las Comunicaciones” (DITC) del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés, que tengo el honor de dirigir.

El módulo dura 5 miércoles, y se dicta de 18.30 a 21.00 hs. en Leandro N. Alem 518, CABA.

Se indica a continuación el cronograma de las clases.

18 de septiembre. Primera Clase. Presentación a cargo de Santiago Mora: Presentación del curso; desarrollo de los conceptos de documento digital, firma digital, y firma electrónica; análisis de su impacto en el régimen de tarjeta de crédito, y en la emisión de títulos valores.

25 de septiembre. Segunda Clase. Presentación a cargo de Santiago Mora: Definición, alcance y sujetos intervinientes en la materia Fintech, discusiones sobre su regulación. Presentación a cargo de Martín Vázquez Acuña: Los fundamentos de la regulación de la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros, y su aplicación a la innovación financiera.

2 de octubre. Tercera Clase. Presentación a cargo de Santiago Mora: La regulación de los sistemas electrónicos de pago en general y los sistemas de dinero electrónico en particular. Presentación a cargo de Fernando Pino Ceverino: Exposición del caso “Mercado Pago”.

9 de octubre. Cuarta Clase. Presentación a cargo de Mercedes Ales Uria Acevedo: Regulación del crowdfunding en la Argentina y en el Derecho Comparado. Presentación a cargo de Esteban Tresserras: Exposición del caso “Mercado Crédito”.

16 de octubre. Quinta Clase: Presentación a cargo de Santiago Mora: Introducción al análisis jurídico del Sistema Bitcoin, la tecnología blockchain y sus distintos usos. Presentación a cargo de Martín Prado: Desarrollo desde la técnica y el negocio de todo lo relativo a criptomonedas y blockchains.

Estafas con bitcoins – nuevo caso

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “G., N. y otros s/sobreseimiento” (Causa N° 72.645/2018) resuelta el 11/7/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron el sobreseimiento de cuatro personas imputadas de haber defraudado a los querellantes en una operación comercial vinculada con la obtención de moneda virtual (“bitcoins”).

Explicaron los vocales que no advertían el estado de certeza negativa que requiere un sobreseimiento (art.336 CPPN) toda vez que era necesario llevar a cabo peritajes informáticos y contables para determinar la trazabilidad del aporte de los querellantes, la consecuente generación de “bitcoins” por parte de los imputados y el consecuente pago de dividendos en las cuentas o “billeteras virtuales”. Añadieron que las medidas no demandarían dificultades en tanto la información buscada surgiría de datos que se encuentran en internet respecto de los cuales no rige el secreto propio de algunas prácticas bancarias, evitando así el traslado de los expertos hasta el sitio en que se emplaza la maquinaria dedicada.

Finalmente indicaron que “….no podemos soslayar que al hacerse alusión a toda la operatoria en su conjunto, se dio cuenta de la materialización de operaciones que conllevaron el movimiento de moneda extranjera por un total de 18 millones de dólares hacia y desde el exterior del país, para ser aplicados a la obtención de una especie de moneda digital que era abonada por un medio electrónico. Asimismo, de la documentación examinada no surgen datos que ilustren acerca de que se hubieran adoptado los recaudos propios del control del origen de los fondos, o su conversión, especialmente por el tipo de operación mencionada, en concordancia con los estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual la República Argentina es miembro permanente. En función de ello, deberá desde la primera instancia remitir testimonios de lo actuado a la Unidad de Información Financiera, a sus fines específicos….”.

FUENTE: Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca

Citar: CCC., Sala IV, en autos, “G., N. y otros s/sobreseimiento” (Causa N° 72.645/2018) resuelta el 11/7/19  y difundida por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La UIF modifica la regulación aplicable a los emisores de tarjetas de créditos y demás participantes de sistemas electrónicos de pago

Con fecha 26 de julio de 2019 la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución UIF 76/19, mediante la cual se deroga la Resolución UIF 02/12 y se reemplaza la regulación de las obligaciones de los sujetos obligados identificados en el inciso 9 del artículo 20 de la Ley N.º 25.246 de Lavado de Dinero (LLD) referido a las “empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra”.

Sobre el particular, observamos que cuando la Resolución UIF 02/12 reguló el inciso 9 referido, incluyó en dicho régimen a las denominadas “tarjetas prepagas, recargables o no, entendiéndose por tales a aquellas que funcionan contra saldos que son acreditados previamente a su uso y destinados a la compra de un bien o servicio” (artículo 2, inciso a, párrafo segundo), lo que en rigor se trataría de los monederos electrónicos.

Esta cuestión fue en su momento criticada por nosotros (Mora, Santiago J., “Una actualización sobre el dinero electrónico”, en Revista Derecho y Nuevas Tecnologías -RDYNT-, CETYS-UDESA, 2017-1), ya que -además de ampliar el objeto de la LLD- de esa manera se eliminaba en principio la posibilidad de implementar sistemas de monederos electrónicos anónimos en la Argentina. Esto, no obstante una buena parte de la doctrina internacional había entendido que el anonimato constituía una característica esencial de dichos sistemas, que además eran típicamente aptos para micropagos y funcionaban offline.

Sobre el particular, incluso, se había dicho en su momento que los sistemas anónimos de dinero electrónico debían existir a los efectos de preservar los derechos de privacidad e intimidad (reconocidos en nuestro derecho por los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional), dado que en la especie se corría el riesgo de que los usuarios sufrieran una especial intromisión en su vida privada, a través del registro de sus actividades más íntimas. En el mismo sentido, se dijo que no podía ignorarse tampoco que el bien jurídico protegido por la LLD parecía no verse amenazado cuando los montos de las operaciones no superan cierta magnitud. 

Entendiendo esta regulación entonces como una distorsión al mercado, observamos que luego surgió una segunda distorsión que exacerbó la primera. Esto porque a los pocos días del dictado de la resolución anteriormente referida, se dictó la Resolución UIF 42/12 que excluyó de dicha reglamentación a la llamada tarjeta SUBE, el monedero electrónico local más importante de ese momento y de la actualidad, el cual es administrado por Nación Servicios S.A., una empresa controlada por el Banco de la Nación Argentina.

La Resolución UIF 42/12 trató de justificar la exención mencionada sosteniendo que el sistema SUBE sólo se utilizaba en un ámbito acotado (transporte), pero entendimos que en dicho caso la exención se tendría que haber redactado de otra manera, eximiendo a todos los monederos electrónicos que operan en un ámbito acotado. Adicionalmente, observamos que dicha justificación tampoco resultaba válida, y así quedó en evidencia cuanto el decreto del PEN 1580/13 autorizó expresamente a Nación Servicios S.A. “a instrumentar el sistema de percepción de peaje con la tarjeta del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) en la red vial de autopistas” (artículo 1) y “a instrumentar el sistema que permita efectuar pagos con la tarjeta del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) para la adquisición de productos en establecimientos comerciales y/o para la prestación de servicios que se adhieran al sistema” (artículo 2).

En este contexto, observamos que mediante la Resolución UIF 76/19 no se han modificado las distorsiones referidas precedentemente: La nueva normativa mantiene como sujetos obligados a los operadores de tarjetas prepagas (incluyendo a las tarjetas prepagas de regalos) y mantuvo como excluido de dicho régimen al operador de la tarjeta SUBE (artículo 2, inciso w).

Más allá de lo anterior, entre las modificaciones derivadas de la norma comentada, -entre otras cuestiones- mencionamos que:

(a) Se incorporó expresamente también a los agregadores, agrupadores o facilitadores de pago como sujetos obligados (artículo 2, inciso w).

(b) Se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, pasando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo (considerando 7).

(c) Se incluyó la posibilidad de identificar clientes de manera no presencial (artículo 26), cuestión que ya estaba prevista para las entidades financieras desde la Resolución UIF 30-E/2017, y que en el presente caso sigue la línea de lo dispuesto por el decreto 27/18 y la ley 27.444 (que autorizaron la firma del contrato de emisión de tarjeta de crédito con firmas electrónicas avanzadas).

(d) Se incorporó la posibilidad de que los clientes requieran al Sujeto Obligado que comparta toda la información y documentación contenida en su legajo relativa a su identificación y el origen y licitud de los fondos, con otros sujetos obligados consignados en los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; cuando se encuentre destinada al inicio de una relación comercial o a la apertura de una cuenta.

Esta posibilidad tiene que ver con el llamado “Open Banking”, cuestión que también ya estaba prevista para las entidades financieras desde la Resolución UIF 30-E/2017.

Santiago Mora

El Banco Central aprobó 3 normas que complementan el régimen de los ECHEQ

Con fecha 28 de junio de 2019, el Banco Central de la República Argentina (Banco Central) aprobó tres normas que complementan el régimen de los ECHEQ, modificando la normativa pre-existente en línea con lo dispuesto en la Comunicación “A” 6578 ya referida en posteos anteriores.

Sobre el particular:

(i) mediante la Comunicación “A” 6725 se incluyeron modificaciones adicionales a las normas de “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”, para “afinar la operatoria” de los ECHEQ;

(ii) mediante la Comunicación “A”  6726 se incluyeron modificaciones adicionales a las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Cheques y otros instrumentos compensables”, estableciendo que para intervenir en la operatoria de ECHEQs los participantes deberán firmar un acuerdo allí determinado; y

(iii) mediante la Comunicación “A” 6727 se incluyeron otras modificaciones a las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Cheques y otros instrumentos compensables”, regulando los términos de la certificación para ejercer acciones civiles en caso de un ECHEQ no pagado.

Santiago Mora

ADC emite informe sobre la economía Fintech y los datos personales

La Asociación por los Derechos Civiles elaboró un informe sobre protección de datos en el mundo fintech.

Según la propia ADC:

Bajo la promesa de mayor inclusión y educación financiera, las fintech –contracción anglosajona de tecnologías financieras– vienen a re-pensar la manera en la que se proveen los servicios en el ámbito financiero.

En este informe exploramos el reciente crecimiento del sector fintech en Argentina, a la luz de las nuevas dinámicas promovidas para el desarrollo de una economía digital. En este contexto, los datos generados por las personas a lo largo de su vida digital cobran especial relevancia. La construcción de una sociedad en donde existe un perfilamiento exhaustivo de todas las personas, puede resultar en un futuro inmediato que promueve mayor desigualdad y discriminación.

Para nuestra primera incursión en el tema nos enfocamos en presentar los interrogantes que, desde la sociedad civil, consideramos necesarios introducir, respecto al ejercicio y goce del derecho a la privacidad, para que el desarrollo del sector tenga en miras un bien social.

Métodos alternativos de solución de controversias para FinTech

La OMPI a través de su Centro de Arbitraje y Mediación comenzó a incursionar en métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (FinTech). Así puede verse en la web de la OMPI una página específicamente dedicada el tema en ingles y en castellano. Que el website de la OMPI también esté en castellano es una clara señal del interés en utilizar métodos de ADR en América Latina.

Asimismo, en este link encontraran una nota escrita por Leandro Toscano y Óscar Suárez de la OMPI sobre este tema.

Primera solicitud de autorización para emitir tokens al público general en EE.UU.

El 11 de abril de 2019 la compañía Blockstack (el “Emisor”) anunció que presentó a la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) un borrador de prospecto para la emisión y oferta de tokens al público en general. De ser aprobado, esta emisión de tokens constituirá la primera oferta pública de tokens expresamente autorizada por la SEC. El borrador del prospecto puede ser consultado en la base de datos pública de la SEC en este enlace. La blockchain creada por el Emisor apunta a ser una red donde puedan ejecutarse aplicaciones descentralizadas, de forma muy similar a Ethereum por ejemplo, poniendo foco en la privacidad de los usuarios y el control de sus datos personales.

Esta emisión de tokens representa un hito histórico para el ecosistema cripto y sigue los criterios sentados por la SEC reciente en su guía sobre la emisión de activos digitales publicada a principios de este mes; la guía completa en ingles puede ser consultada en este enlace. Dicha guía surgió después de mucha reflexión por parte de la SEC como consecuencia de los últimos dos años de trabajo de dicho organismo en la materia tras analizar una cantidad considerable de Initial Coin Offerings y ante las necesidades de la industria de contar con reglas claras para determinar la viabilidad de este mecanismo para obtener financiación de los proyectos; una análisis en profundidad de la guía será publicado en este blog a la brevedad por parte de nuestra experta en mercados de capitales, Marina Bericua. Asimismo, y dentro de estas últimas semanas de gran actividad de la SEC, dicho organismo emitió una non-action letter indicando que una ICO no disparaba la necesidad de solicitar autorización a dicho organismo.

En lo que hace a esta emisión de tokens en particular, cabe hacerse los siguientes comentarios en base a la información que el Emisor ha dispuesto en el documento presentado para aprobación de la SEC:

  1. Uno de los primeros temas que nos llaman la atención es que para producir el evento de generación de tokens, será necesario un hard fork. Esto implica un serio riesgo para los inversores puesto que dado el carácter de red descentralizada de la blockchain creada por el Emisor, podría suceder que un hard fork no alcance consenso y no pueda concretarse la emisión de los tokens, dejando sin la contraprestación a los inversores. La situación es ampliamente reseñada en el borrador presentado y creemos que será uno de los principales puntos de trabajo con la SEC para lograr un mecanismo que dé seguridad al público inversor. No solo ello sino que inclusive el uso efectivo de los tokens esta supeditado al cumplimiento de hitos técnicos que el Emisor no puede garantizar su acaecimiento.
  2. El Emisor en este caso ha optado por considerar que los tokens emitidos son valores negociables o securities, de ahí la necesidad de contar con la autorización de la SEC para ofrecerlos al público en general. Esto tiene un impacto en el resto del documento puesto que condiciona otros aspectos como la negociación secundaria o inclusive parte del funcionamiento mismo de la blockchain que será creada ya que podría darse el caso que los futuros mineros de la red sean considerados como emisores, agentes de negociación u otras figuras previstas en la normativa estadounidense o, inclusive, por la normativa de otros países donde los tokens sean emitidos o negociados.
  3. El Emisor y los potenciales inversores son víctimas de regulaciones nocivas como la Bitlicense; los inversores que estén residiendo en el Estado de Nueva York están prohibidos de participar en el proceso de emisión de los tokens como una medida preventiva adoptada por el Emisor para escapar a dicha regulación. Asimismo, en varias secciones del documento público se señala que, a criterio del Emisor, no esta obligado a cumplir con la normativa neoyorkina por preeminencia de la regulación federal en materia de valores negociales.
  4. Un aspecto interesante mencionado en el documento es la posibilidad que los tokens dejen de ser security tokens y pasen a ser utility tokens en el futuro cuando la red montada por el Emisor alcance un nivel suficiente de descentralización así como de uso de la plataforma para la finalidad que motiva su creación. Hasta la ocurrencia de ese, el Emisor deja en claro que los futuros usuarios de la plataforma están expuestos a posibles riesgos regulatorios producto de la clasificación como valores negociables.
  5. En línea con las incertidumbres que hay con relación a los tokens, se menciona que no puede garantizarse una estabilidad en torno a la calificación tributaria de los mismos así como tampoco puede asegurarse que calificación cabe fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica.
  6. Los tokens son entregados directamente al inversor en una biletera de su control, con lo cual este es el responsable de mantener la seguridad de la misma y tomar los recaudos necesarios para custodiar sus llaves privadas que dan acceso a los tokens. Esto constituye un hito de importancia puesto que, por ejemplo, la compañía Overstock que también ha estado trabajando sobre la materia proponía adaptar la estructura de agentes de custodia a la tecnología blockchain formando híbridos.
  7. Por otro lado, el Emisor señala en los factores de riesgo la novedad de la tecnología y como puede haber una infinidad de cuestiones que afecten la viabilidad del proyecto y, consecuentemente de los tokens, a saber: (i) posibles ataques del 51%; (ii) existencia de patentes u otros derechos de propiedad intelectual que hagan imposible el uso de la plataforma; (iii) la falta de usuarios; (iv) la falta de desarrolladores; (v) la imposibilidad de ofrecer una ventaja tecnológica frente a alternativas centralizadas; (vi) el uso de tecnología de código abierto y posibles interpretaciones contrarias al Emisor en jurisdicciones americana
  8. Se señala la posibilidad que la plataforma incurra en violaciones a las normativas de protección de datos. Esto esta en línea con las advertencias y lineamientos presentados oportunamente por la autoridad francesa de protección de datos personales, que pueden consultarse en este enlace.

De la lectura del documento, queda claro que aún existen muchos riesgos e incertidumbres en torno a una emisión de tokens al público general. Sin perjuicio de ello, es también merecedor de reconocimiento la apertura y honestidad del Emisor en torno a los potenciales riesgos existentes en torno a la tecnología blockchain y los tokens; claramente, el Emisor se encuentra a la altura de una entidad emisora sujeta a la SEC realizando una declaración clara y responsable de los valores negociables que pretende emitir. Quedaremos a la espera de la aprobación de esta emisión de tokens así como de cualquier cambio que la SEC le exija al Emisor.